CATALEJO

Justificadas dudas deben ser aclaradas

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CON UN ENTUSIASMO TALVEZ digno de mejor causa, se ha iniciado el camino de la reforma a la Constitución. En la práctica, eso significará, ya lo veremos todos, en el fin de vigencia del texto preparado con entusiasmo por quienes integraron la Asamblea Constituyente electa en 1984 con la participación del 74% —o incluso más— de los ciudadanos aptos para votar. Ciertamente, los presidentes de los tres poderes del Estado reunidos el lunes anterior avalaron con su presencia este acontecimiento, en el cual es evidente la participación de instituciones nacionales y sobre todo internacionales. En términos generales, es posible encontrar acuerdo en la necesidad de hacer cambios en la Carta Magna, pero se deben resolver las dudas ya existentes.

ANTES DE ENTRAR EN el tema de los cambios al sector justicia, escogido como la primera de las áreas de nuevas reglas del juego constitucional, debe quedar claro cuál será el papel del Congreso. El desprestigio derivado a causa de las decisiones tomadas en los últimos años por los diputados, como las decididas al respecto de la Ley de Partidos Políticos, provoca el convencimiento de la futilidad del esfuerzo de quienes participen en mesas de diálogo, anunciadas para realizarse en fechas muy cortas —6 y 7 de mayo, por ejemplo—. Los acuerdos obtenidos no significarán nada si los diputados mantienen la posibilidad de introducir cambios. En otras palabras, si de las mesas no salen decisiones vinculantes no tiene sentido práctico su trabajo.

CIERTAMENTE SE TRATA DE reformas al organismo Judicial, en términos generales, pero con elemental obviedad debe haber un acuerdo político entre la sociedad civil en cualquiera de sus manifestaciones, y quienes ocupan las curules. Surgen las dudas: ¿podrá ser posible? Y si se realiza, ¿cuáles son las verdaderas posibilidades de su cumplimiento? Ya hay un precedente: a las reformas constitucionales anteriores, derivadas de los acuerdos de paz, en la consulta popular le fueron agregados numerosos cambios dispuestos para beneficiar a partidos, sectores específicos. Constituyeron una desagradable sorpresa y para colmo fueron presentados en listados de cinco o más reformas imposibles de separar porque constituían un conjunto.

DENTRO DE LAS DUDAS TAMBIÉN se puede señalar la de quiénes, cuántos y por cuáles motivos participarán en las mesas de diálogo en solo ocho de los departamentos, es decir de alrededor del 35% de la totalidad. El primer acuerdo, creo, es el de saber cómo aceptar estos mecanismos de consulta. El segundo debe concertarse con los políticos de los partidos en funcionamiento, y debe referirse a la renuncia de su posibilidad de hacer cambios y alteraciones a los textos presentados con el consenso sectorial. Esto se justifica y explica sobre todo porque, al menos en teoría, puede significar una especie de ensayo de los posteriores y también necesarios en el campo político. Estos se convertirán en la lápida de la Constitución vigente.

LA DISCUSIÓN DEBE GIRAR en el significado, en la práctica, de integrar la Corte Suprema de Justicia con 13 magistrados, subir a nueve el número de magistrados de la Corte de Constitucionalidad o crear el Consejo de la Carrera Judicial, así como el nivel de la acción de este, por citar algunos ejemplos. También se debe llegar a un consenso sobre el tiempo designado para presentar las propuestas, así como para obtener la aprobación en el parlamento. Mi temor, y lo digo con franqueza, es el riesgo de engendrar cambios derivados de las acciones dentro del Congreso, pero cuya percepción en la ciudadanía sea la de haber sido los presentados por quienes prepararon las propuestas. La Cicig debe tener especial cuidado en ello.

ESCRITO POR:

Mario Antonio Sandoval

Periodista desde 1966. Presidente de Guatevisión. Catedrático de Ética y de Redacción Periodística en las universidades Landívar, San Carlos de Guatemala y Francisco Marroquín. Exdirector de la Academia Guatemalteca de la Lengua.