Prensa Libre

En el primer semestre de este año, los defensores de la niñez reportaron la muerte de 321 menores de edad y, en los últimos seis años, se tienen registradas más de 400 muertes violentas anuales; en el 2008 la cifra se elevó a 497, sin que a la fecha se conozca de políticas públicas, campañas de información o, por lo menos, investigación de esos horribles ilícitos.

La mayoría de esos pequeños(as) fue abatida por armas de fuego. Adriano González, representante de Unicef, dijo hace varias semanas que mensualmente cuatro de cada 10 menores mueren por balas perdidas, disparadas por esos desalmados delincuentes anónimos que cercan nuestra existencia y cuyos actos nunca se investigan. El abandono del Estado a sus obligaciones primordiales se traduce en inocentes sacrificados.

Estamos a las puertas de presenciar las grotescas escenas de algunos candidatos (as), cargando, sobando o besando a los niños, usualmente utilizados como el centro de sus campañas y ofrecimientos. Uno a uno, en un interminable desfile, cuando ganan las elecciones, suelen avorazarse sobre las arcas nacionales para sacar el mejor provecho a su “enorme sacrificio para servir al país”; y después, cuando los niños continúan desnutridos y harapientos y la juventud sin futuro, todos recurren a las mismas excusas, para justificar sus incumplimientos

Es un comentario generalizado que los “limosneros, huele pega, niños de la calle, pedigüeños son algo despreciable y seguros delincuentes”. Se les margina y estigmatiza, pero nunca pensamos en las condiciones de vida de esas familias a quienes la sociedad y el Estado tiene tiradas en el abandono. Queremos que ofrezcan a la sociedad profesionales, cuando han sido las calles, la miseria y la indigencia su escuela.

Debido al escenario delincuencial provocado por las maras, ahora dos partidos políticos de derecha se están disputando el liderazgo para legalizar su estigmatización y tipificar como delito la participación en ellas. Nuestro presidente, haciendo trío, anunció que es necesario promulgar una ley regional para combatir a esos grupos.

Menos mal que Carlos Menocal, ministro de Gobernación, una vez más disidente de las intenciones del mandatario, considera que “perseguir al marero, sólo por el hecho de serlo, nos llenaría las prisiones, y lo que hay que perseguir es lo que genera que los jóvenes se integren a las pandillas. Esa ley estigmatiza a los jóvenes y criminaliza la pobreza, sobre todo a quienes residen en las áreas marginales, porque usan tatuajes y visten diferente. Es irónico que se pretenda crear esta normativa, precisamente en el contexto del Año Internacional de la Juventud”, dijo el ministro en una visita a Guastatoya, El Progreso.

Estamos impresentables para la celebración del año dedicado a la juventud. Aquí pocos gozan de sus derechos y garantías; los demás están en lista de espera.