Una de las más lamentables actitudes de los políticos es la de poner oídos sordos al clamor ciudadano que se expresa en contra del abuso de poder, de los contubernios y, principalmente, en contra de funcionarios corruptos que han accedido al poder con aviesas intenciones. Esto último se ratifica en cada uno de los gobiernos que ha tenido a su disposición millones de recursos públicos sobre los cuales no ha existido un manejo responsable.

Desde la instauración de la era democrática, hace 30 años, todos los gobernantes han consentido o participado de alguna forma del saqueo del Estado, ya sea con ubicar a personas allegadas a su círculo de poder en posiciones de gran relevancia en instituciones en las que los presupuestos son millonarios y que, en consecuencia, permiten maniobras para amañar compras, adquisiciones o contratación de servicios que a su vez facilitan las prácticas que a muchos de ellos les han permitido amasar fortunas rápidamente.

Hay otros que quizá se sientan libres de ese saqueo, al no haberlo hecho con recursos públicos, pero igualmente inmoral e irresponsable ha sido su conducta cuando han piñatizado los bienes del Estado al mejor postor, lo cual no solo ha beneficiado a personas y empresarios allegados a su círculo de confianza, sino que esto tampoco se ha reflejado en bienestar para la población. Por el contrario, el Estado ha cedido totalmente fuentes significativas de ingresos y en esto cada administración ha hecho su propia cosecha.

Pero hoy el país ha dado pasos más acentuados en la profundización de una crisis que no parece tener solución en el mediano plazo. El actual gobierno se erige como un de los más corruptos de los últimos años, donde casi todos los ministerios enfrentan numerosos señalamientos de corrupción y aun entidades menores que a su vez han cobijado acciones repudiables respecto del manejo de las finanzas, como se constata con capturas de altos funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria o del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

El Congreso de la República es el más reciente organismo del Estado en sumar críticas por el descrédito institucional. Varios diputados enfrentan serias acusaciones en los tribunales de justicia y el bochorno más reciente lo protagonizó el empresario Pedro Muadi, quien cuando fungió como presidente de ese organismo habría amañado procedimientos para la contratación de personal inexistente o de haber incurrido en dudosos procedimientos que le habrían permitido estafar al Estado con más de medio millón de quetzales.

Todo esto ha llevado en las semanas recientes a riesgos mayores y es que el poder en manos de políticos ha sido mal utilizado y más bien ha servido para acentuar prácticas discutibles en la búsqueda de beneficios o garantías de que podrán continuar disfrutando de impunidad. Un caso vergonzoso y preocupante es el riesgo sobre el que ponen a otros organismos del Estado y aun de altos magistrados que pueden resultar al servicio de mentes inescrupulosas que han perdido la vergüenza y el norte de lo que cualquier burócrata responsable haría para enderezar el rumbo.