Después de los últimos meses de crisis, finalmente se estableció una hoja de ruta donde se han originado demandas sociales que deberán ser aprobadas por el Congreso.

El sistema delega en el Legislativo las instancias fundamentales para atender las necesidades de la población. Por años he escrito sobre la importancia que tiene el Congreso para la vida política, pero hoy debo subrayarlo, para que nuestra población entienda que debemos ponerles desde hoy toda la atención a los diputados, a los que algunos apodan “dipucacos”. No estoy de acuerdo en mofarse del problema, en lugar de afrontarlo seriamente, porque para nada es causa de risa saber que quienes deberían velar por el bienestar de la población, se han enriquecido ilícitamente a costa de viles negociaciones dentro del recinto del Legislativo.

Para el Congreso, esta crisis debe convertirse en una oportunidad de retomar su papel de padres de la patria y cambiar su imagen tan desgastada ante la población. La institución como tal debe ser dignificada, y las personas que la conforman deben ser depuradas al 99.9%, porque si por allí encontramos alguno sin tacha, la pregunta es por qué no denunció la corrupción y tráfico de influencias que se mueven en este recinto.

Hoy el Legislativo tiene sobre su mesa importantes propuestas para reestructurar el Estado y vemos que los diputados no tienen la voluntad política de aprobar las leyes.

Esta semana, muy diplomáticamente, el Congreso fue visitado por el embajador de Estados Unidos y también por un grupo de representantes de la Unión Europea. Esto es fantástico porque significa que la comunidad internacional quiere ayudarnos y sobre todo apoyar al pueblo de Guatemala en sus peticiones. Considero que la gente debe modificar el casete de “intromisión” y aprovechar la coyuntura para beneficio del país.

Esta es una complicada cruzada, porque a pesar de existir denuncias penales contra ciertos diputados, fueron inscritos por el Tribunal Supremo Electoral. Los señalamientos son por supuestos actos de corrupción, tráfico de influencias, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, peculado y malversación de fondos públicos.

Es inadmisible que si existen dudas sobre la honorabilidad de ciertos candidatos, ¿cuál fue el criterio para inscribirlos? Esto aún más refleja el nivel de descomposición del país.

El actual Congreso, además de ser considerado el más ocioso de la historia, está plagado de personas de dudosa reputación, que son quienes ahora tienen la brasa caliente para reformar leyes transcendentales y quitar el derecho de antejuicio al cuestionado Pérez Molina.

El problema es que estamos en manos de personajes cuestionados, algunos abiertamente inmorales, que se atreven a cobrar un jugoso sueldo y ni siquiera se apersonan a las sesiones. Lobos vestidos de ovejas, que sin importar de qué color vistan la corbata, todos tienen un fin común, solapar la impunidad. Saben que someter a Pérez Molina a un juicio ante los tribunales sería un mensaje tácito, que indicaría que el próximo que venga no podría robar a sus anchas, y eso, por supuesto, no les conviene.

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