El intento de convertir en crímenes los derechos humanos, da oportunidad para sacar a flote el pobre respeto que la política nacional dispensa a la Constitución.

Ese irrespeto tiene dos vertientes claramente determinadas. Una es la violación dolosa de las normas constitucionales y, otra, la falta de voluntad para cumplir aquellas que no requieren más que la voluntad de la autoridad para aplicarlas por iniciativa propia.

Entre las primeras hay una según la cual los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno.

Y entre las segundas, la que declara de interés social, las acciones contra el alcoholismo, la drogadicción y otras causas de desintegración familiar. Sin embargo los funcionarios estimulan el consumo de uno de esos productos al autorizar con mucha facilidad la apertura de cantinas y tiendas-cantina; algunas alrededor de centros educativos.

En la década de los 50, en una equina del Parque Central, actualmente llamado Plaza de la Constitución, se reunieron varios líderes políticos, rodeados de sus conmilitones y, después de pronunciar discursos contra el Gobierno, prendieron fuego a un ejemplar de la Constitución Política. En 1956 ellos, ya en el poder, aprobaron una nueva Constitución, la cual fue violada no una vez sino muchas veces.

En 1963, el ministro de la Defensa Nacional derrocó al presidente y se hizo cargo de las funciones presidenciales. Dos años más tarde fue convocada la Asamblea Nacional Constituyente y en 1965 aprobó una nueva Constitución.

El citado ministro, ya como militar en retiro, lanzó su candidatura a presidente de la República. No solamente no ganó, sino que quienes mandaban le dieron un plazo perentorio para que abandonara el país. Y obedeció. Su Constitución no le sirvió de nada.

Se sucedieron después varios gobiernos “constitucionales”. Cada uno competía con el anterior en cuanto a la cifra de ejecuciones extrajudiciales de oponentes políticos, y el 23 de marzo de 1982 se produjo un cuartelazo. El presidente, general Romeo Lucas García, fue derrocado y enviado al exilio. La primera víctima fue, como siempre, la Constitución. Pero, el 8 de agosto de 1983, se produce otro cambio súbito: el presidente es derrocado por sus colegas militares y sacado del país.

Se abrió seguidamente una nueva fase en la vida política de Guatemala, que culminó con la emisión de otra Constitución el 31 de mayo de 1985 y de nuevo principió a hablarse del inicio de una “era democrática”, adornada con un nuevo marco constitucional.

La Constitución, sin embargo, no era todo lo buena que los políticos deseaban y ocho años más tarde el Congreso de la República la reformó, reforma que fue aprobada después mediante una consulta popular. Y todo marchaba teóricamente bien. Guatemala era otra vez un Estado constitucional. Pero, los crímenes perpetrados por entidades oficiales, o por grupos armados que actuaban a la sombra de ellas, continuaban.

El 25 de mayo de 1993, cuando la población menos lo esperaba, el presidente democráticamente electo asume todos los poderes, deja sin efecto 40 artículos de la Constitución, deroga 20 artículos de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, disuelve el Congreso de la República, destituye a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, intenta desintegrar la Corte de Constitucionalidad, impone censura previa a los periodistas y ordena capturar al Procurador de los Derechos Humanos, sin haber logrado estos dos últimos propósitos.

El procurador no se dejó atrapar y los periodistas rechazamos a los censores.

En fin, lo cierto es que en ningún momento la Constitución ha sido cumplida íntegramente. ¿Por qué? Porque de aquella quema de la Constitución todavía queda una nube de humo negro que ningún bombero político ha podido o querido controlar.