El juez Miguel Ángel Gálvez, en una decisión sin precedentes e imposible de que se pensara siquiera hace apenas cuatro meses, decidió ayer ordenar el traslado a la prisión femenina Santa Teresa de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien en sus primeras declaraciones públicas en varias semanas aseguró que respetará el estado de Derecho.

Lo ocurrido ayer en referencia a la ex vicegobernante permite comprobar que no es el sistema el malo, sino quienes acceden a esos cargos. El juez Gálvez lo demostró ayer, cuando utilizó argumentos jurídicos sencillos para afirmar incluso que rechazaba el recién publicado acuerdo emitido por el Ministerio de Gobernación, por medio del cual se pretendía convertir la cárcel de Matamoros en un centro de detención para hombres y mujeres, pero con el único detalle de que la medida se tomaba cuando la exfuncionaria ya había sido capturada, por lo que le daba validez.

La crisis político-institucional del país tiene en sus factores la sorpresa diaria entre los ciudadanos. Para hoy ha sido convocada por grupos populares una manifestación que saldrá de diversos puntos del país y se dirigirá a la capital, con el objetivo de demandar la renuncia del presidente, un movimiento al que se han unido colectivos sociales y empresariales, y que puede tener una profunda repercusión. Aunque muchos apoyan el paro nacional, solo se ha insistido en que no se entorpezca la libre locomoción, para que las protestas de rechazo a la corrupción tengan mayores alcances.

El mayor reto para el Gobierno radica en cumplir con lo establecido por la Corte de Constitucionalidad, que mandó a que las fuerzas de seguridad mantengan el orden y eviten cualquier abuso contra la población o que personas infiltradas busquen alterar el sentido de la protesta cívica.

Esto, sobre todo, para poder controlar a los grupos que puedan ser proclives al Gobierno y que han sido más inclinados a generar violencia y que sobre todo la han emprendido contra los periodistas independientes.

La violencia generada por dirigentes sindicales famosos por ser apéndices de los gobiernos de turno es lo último que el país necesita, y por ello deberían abstenerse de hacer presencia en la marcha convocada para este día. Desde el extranjero han venido comentarios acerca de la calma y el espíritu democrático con el que se han manifestado los ciudadanos, que han hecho uso del derecho constitucional de pedir cambios en el sistema.

Por aparte, el marco legal utilizado por quienes de manera voluntaria se han unido a los grupos participantes en las manifestaciones está garantizado también por la libre emisión del pensamiento, que incluye las expresiones personales, en conjunto con el derecho a informar, a ser informado y también a opinar sobre la vida nacional.

La diferencia entre quienes llegan a las calles voluntariamente y los acarreados es que estos pueden estar motivados por consignas oscuras a cargo de dirigentes cuestionables, por no decir abiertamente corruptos. La debilidad de la posición presidencial y gubernativa impide que tenga éxito cualquier manifestación de apoyo. Fundamentalmente porque este modelo es insostenible.