La Antigua Guatemala será sede, a partir de mañana, de un encuentro de dos días entre funcionarios de ministerios de Justicia e instituciones homólogas, de 21 países, quienes examinarán la necesidad de impulsar a nivel regional una forma óptima de cooperación internacional en materia de administración de justicia.

La abogada María Andrea Batres ha informado que esa actividad es promovida por la Organización Intergubernamental Especializada en Justicia para Iberoamérica (COMJIB), constituida en 1992. Su secretario general es el abogado guatemalteco Arkel Benítez Mendizábal (GUA) quien asumió ese cargo, para un período de 4 años, en mayo pasado.

Los funcionarios examinarán el estado de la justicia actual y su futuro en Iberoamérica algo, opino yo, de mucho interés para Guatemala por la historia, llena de luces y sombras, que en esa materia ha tenido la función pública en nuestro país.

El encuentro se desarrollará bajo los auspicios de los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores de España, y del sistema de cooperación entre ese país y el nuestro.

Añade la abogada Batres que la necesidad de esta reunión nace del análisis conjunto efectuado por representantes de varios países, entre los que se contaron los de México, República Dominicana, Cuba, Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, quienes llegaron a la conclusión de que es conveniente conocer en profundidad cuál es actualmente el estado de la seguridad jurídica en la región, y de los pasos inmediatos que hay que se deben para fortalecerla.

Recuerda la abogada Batres que la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 69/315 de 15 de septiembre de 2015 define el objetivo específico que compromete a los Estados a promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible y facilitar el acceso a la justicia para todos.

Los organizadores del encuentro esperan que acudan más de 50 ministros y viceministros de justicia, presidentes y vicepresidentes de cortes supremas, fiscales generales, defensores públicos, miembros de los congresos nacionales y notarios.

Entre otros, han confirmado su asistencia Rafael Catalá, de España; Benito Antonio Lara Fernández, de El Salvador; Francisco Domínguez Brito, de la República Dominicana; Kenia Porcell Díaz, de Panamá; Alberto Rodríguez Calderón, de México; Jorge Alberto Chavarría, de Costa Rica; Thelma Esperanza Aldana, de Guatemala; y los presidentes de las Cortes Supremas de Justicia, José Leónidas Bustos, de Colombia; Óscar Armando Pineda Navas, de El Salvador; Mariano Germán Mejía, de República Dominicana y Ranulfo Rafael Rojas Cetina, de Guatemala. Concurrirán también directivos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial y supongo que también estará presente la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, abogada Gloria Porras.

Yo espero —y muchos otros guatemaltecos también— que nuestros funcionarios presenten en el encuentro una radiografía a colores, en honor a la objetividad científica, y a los derechos generales de la Nación, y los muy particulares del pueblo, de lo que ha sido la tragedia infame de la justicia en nuestro país durante los pasados cincuenta años, y no hablar solo de los aciertos, merecedores de elogios por cierto, que se han logrado recientemente con el trabajo conjunto y vigoroso de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el Ministerio Público y algunos jueces y magistrados que a riesgo de su seguridad personal y de sus vidas han tenido el coraje de aplicar la justicia penal a delincuentes poderosos que tradicionalmente se han burlado de la ley, creando un mundo de crímenes sin castigo que pareciera no tener límites ni fin.

Los funcionarios guatemaltecos tienen hoy, oportunidad de hablar con la verdad y no contra ella.