TODO ENGENDRO NACE pequeño. Hitler comenzó con un minipartido fanático, por mencionar un ejemplo extremo. Nadie le hacía caso a ese loco. Y se convirtió en el genio del mal. Eso sí: llegó llenando todas las formalidades de ley y cumplió sus promesas escritas en el libro Mi Lucha, casi desconocido. Chávez llegó por los votos, así como Correa, Kirchner y Evo Morales. Por eso es fundamental analizar con cuidado los casos de entidades —como las fundaciones, por ejemplo— creadas con evidentes intenciones ilegales, pero nacidas porque llenan los requisitos de ley. Si sus fines se analizan con una lectura superficial, el resultado es la instrumentalización de algún derecho ciudadano para obtener una patente de corso con fin avieso.

EL ASUNTO VIEne al cuento con el surgimiento de la Fundación contra el Terrorismo Mediático, cuyos fines —como estaban los de Mi Lucha— están claramente especificados: proteger a quienes supuestamente sean afectados por el uso indebido o la mala información, así como el detrimento de la dignidad de las personas y las instituciones públicas y privadas. La incapacidad de los redactores del texto se comprueba claramente, porque se refieren a las informaciones, no a los comentarios, dejando fuera las columnas y las caricaturas. Aun así, el objetivo malsano es clarísimo, porque según ellos las entidades públicas tienen dignidad, es decir “merecimiento de algo”, y lo mismo ocurre con quienes integren las instituciones públicas o privadas.

EN OTRAS PALABRAS, SE abre la puerta a censurar o amedrentar a quienes informen u opinen acerca de los funcionarios públicos, con lo cual se cercenan la Constitución y la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento. Todo esto sucede en el período de un gobierno directamente involucrado con 138 juicios ilegales por ser llevados en juzgados ajenos al de Imprenta. Curiosamente, estos se mantienen a pesar de la advertencia del presidente Otto Pérez Molina respecto a la obligatoriedad de las autoridades a respetar la libre expresión y la prensa. Aunque la declaración ya tiene casi dos semanas, no se ha sabido de ninguna acción gubernativa para desestimar esas acciones, a lo mejor por algún olvido involuntario, quiero creer.

HABER AUTORIZADO ESta fundación pone de manifiesto la necesidad de revisar a fondo los objetivos de este tipo de entidades. Si contraviene la Constitución —hasta quiere dedicarse a vigilar el orden público— no se puede justificar un simple análisis de forma jurídica hecha por la Procuraduría General de la Nación o el departamento respectivo del Ministerio del Interior. Hubo una consulta a la Procuraduría de los Derechos Humanos, pero según parece no fue oficial, sino informal. Por eso la PDH necesita a la mayor brevedad posible consultar a la Corte de Constitucionalidad, cuyo dictamen debe ser inmediato, sin hundir su prestigio nacional e internacional. En resumen, la fundación mencionada es burda, condenada a perecer.

LA COMPARACIÓN CON las lagartijas y los cocodrilos se debe a la dificultad de acabar con un engendro cuando ya creció demasiado. La lagartija no puede matar a nadie, pero el cocodrilo, sí. Las minifundaciones con fines aviesos pueden echar por tierra temas de importancia fundamental, la libre emisión del pensamiento, por ejemplo, y el funcionamiento de otras entidades democráticas fundamentales, como el Tribunal Supremo Electoral. Ayer, dos de esas lagartijas, relacionadas con el partido Líder, solicitaron amparos causantes de una detención de las tareas del ente electoral. Como queda claro, la figura de la Fundación está comenzando a ser desvirtuada para convertirla en un puñal contra el débil sistema electoral del país.