El difícil proceso de crecimiento y transición hacia un sistema democrático en países cuya historia está jalonada de caídas —dictaduras, golpes de Estado, guerras internas, asesinatos políticos, masacres— se asemeja mucho a un enfermo grave en vías de recuperación. Muchas veces, si se descuida, sufre dolorosas recaídas. Otras, simplemente manifiesta un peligroso retroceso hacia una fase crítica.

En América Latina esto se ve con demasiada frecuencia y afecta muy especialmente a naciones con un elevado nivel de dependencia a factores externos o cuyo sistema es vulnerable a la corrupción en todas sus instancias de poder. Esto produce un desbalance, y esa pérdida de equilibrio prácticamente anula la voz ciudadana, para agrupar todos los hilos en un solo manojo manejado, por ende, por muy pocas manos.

Las decisiones de Estado, cuando se presenta un caso de debilitamiento democrático, carecen de la legitimidad que otorgan el consenso, el diálogo y los indispensables mecanismos de consulta necesarios para respaldar la trascendencia de los asuntos de gobierno. Estas condiciones favorecen, por lo tanto, los abusos de poder y algo incluso más peligroso para la integridad de una nación, que es la irresponsabilidad en la toma de decisiones sobre asuntos de interés público.

Con un aparato institucional debilitado por factores como la ausencia de entes fiscalizadores, exceso de poder concentrado en ciertos estamentos, improvisación y elevados niveles de corrupción, ningún país puede avanzar hacia una estabilidad democrática —único modo de garantizar cierto crecimiento en sus indicadores de desarrollo— por convertirse en un botín fácil y en un campo abierto a la explotación irracional de sus recursos.

La comunidad internacional es de poca ayuda en un proceso de rehabilitación, cuando un país se encuentra a la deriva en sus políticas internas. Todo lo contrario, los gobiernos más fuertes aprovechan esa oportunidad dorada para incentivar a sus compañías multinacionales a invadir los territorios más débiles mediante acuerdos leoninos con gobiernos permeables. Los pueblos, por su parte, privados de mecanismos oportunos y eficaces de participación en las decisiones, se ven limitados a protestar cuando ya se firmaron los contratos y se cruzaron los cheques.

Como cuando ataca la peste, naciones con estas características sufren la tragedia interna y el aislamiento exterior. Sus ciudadanos pierden derechos por un empoderamiento excesivo de sus autoridades y terminan aceptando lo inevitable, sin tener conciencia cabal de la posibilidad de recuperar su integridad cívica. Este deterioro del sistema de poderes y contrapoderes, al igual que una enfermedad, desgasta y abre fisuras allí en donde hubo tejido sano.

El remedio es aplicar, como si fuera un ungüento mágico, toda la fuerza de la ley sin discriminación, sin permitir mecanismos creados con leyes casuísticas dirigidas a proteger a quienes deberían perseguir. La depuración del sistema político, por lo tanto, es una necesidad vital para aquellos países agobiados por las malas prácticas y, para ello, es vital el involucramiento decidido de una ciudadanía consciente.

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