Opinión

EDITORIAL

La peste de la corrupción

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Alfonso Portillo es apenas el más reciente personaje llegado del exterior con la infausta noticia de lo mal que anda en Guatemala la batalla contra la corrupción, algo de lo cual él puede dar testimonio y que de hecho reiteró al señalar que ese flagelo no empezó con su gobierno y que tampoco ha terminado con su condena en prisión. Una frase contundente que pone en perspectiva la dimensión del problema que afronta el país, que se encuentra en la bancarrota de desconfianza ciudadana, debido al reincidente abuso en el poder.

Portillo volvió después de una relativamente corta ausencia, que para él pudo haber sido eterna, por haber incurrido en delitos tipificados en la legislación estadounidense y penados con cárcel, por los que pasó 643 días en penales de Nueva York y Colorado. Fechorías similares e incluso mayores se han cometido por décadas y pareciera que el país todavía no ha aprendido la lección; incluso, las cosas parecen haber empeorado, al punto de convertirse en una seria amenaza para la estabilidad democrática.

Buena parte de las instituciones guatemaltecas han sido cooptadas por oscuros intereses, como recién acaba de ocurrir en el Organismo Judicial, donde la elección de nuevos magistrados estuvo plagada de críticas y sujeta a una componenda bipartidista. De hecho ya se empiezan a ver algunos fallos dudosos en sonados casos de tráfico de influencias, que bien pudieron marcar un buen precedente, pero no fue así.

La tragedia de la corruptela guatemalteca ocasiona tanto daño y tanto estupor que cada vez más entidades internacionales ponen sus ojos en Guatemala, puesto que de la mano de un sistema ineficiente de justicia se mueven muchos otros oscuros intereses que le dan al país una imagen de Estado fallido. Lo más lamentable es que quienes tienen la obligación de enfrentar ese problema son los primeros interesados en hacer tropezar a las instituciones.

Otro detalle que puede ilustrar el calibre del drama guatemalteco es lo ocurrido el pasado martes en el Senado de Estados Unidos, donde debió comparecer el secretario de Estado, John Kerry, para defender la ayuda de mil millones de dólares que esa nación proyecta para el presupuesto del 2016, destinados a los países del triángulo norte de Centromérica. El funcionario asumió casi personalmente la responsabilidad de velar por el buen uso de estos fondos, pues la percepción generalizada en el Congreso es que pueden terminar en manos indebidas.

El tono de desconfianza hacia estas administraciones no es nuevo, pero cada vez lleva más acento. Baste mencionar que en fecha reciente la Unión Europea advirtió de que cualquier tipo de ayuda a países como Guatemala debía ser condicionada a un uso responsable y estar sometida a una auditoría por parte de los donantes.

En el caso de Portillo todavía le queda un largo trecho por recorrer como para determinar la coherencia entre lo dicho y las acciones, y esto necesariamente pasa por un corte de tajo en las relaciones con las mafias que cogobernaron con él, muchas de las cuales siguen vigentes.