LAS NOTICIAS DE PRENSA señalan en 71 los artículos cambiados por el Tribunal Supremo Electoral en su propuesta respecto a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, presentada el viernes pasado. Por muchas razones, evidentemente estos cambios podrán ser aplicados hasta la elección del 2019, lo cual significa en pocas palabras una imposibilidad de lograr unos comicios sin los yerros y los procedimientos viciados causantes de la desconfianza popular en el proceso electoral. Es imposible lograr resultados diferentes haciendo lo mismo, y por ello no se pueden lograr los cambios exigidos por la población. Las instituciones nacionales e internacionales aferradas a legalismos, abonaron el árbol donde la democracia será ahorcada pronto.

EN UN RESUMEN, las sugerencias son: una sola reelección para alcaldes y diputados; aumento al 1.5% del presupuesto nacional para el TSE; los comités cívicos podrán proponer candidatos a alcaldes, diputados y constituyentes; presidencia rotativa del TSE, y los amparos contra este solo los conocerá la Corte de Constitucionalidad. Entre los cambios: iniciar el proceso preelectoral la segunda o tercera semana del año electoral; denegar la inscripción de quien haga campaña anticipada; iniciarla 90 días antes de las elecciones; repetirlas con candidatos distintos, si el voto nulo es mayoritario; realizar la primera vuelta un domingo de junio y la segunda un domingo de agosto. Si se anula cualquiera de estas, repetirla en un domingo de diciembre.

UN TEXTO ME CAUSA dudas. Señala “incluir en forma igualitaria” a hombres y mujeres “indígenas o mestizos”… “en forma proporcional a la composición del distrito electoral correspondiente”. Se debe explicar cuáles son los criterios para calificar a una persona según estas clasificaciones étnicas. ¿El apellido? ¿el municipio de residencia si la mayoría pertenece a una etnia específica? ¿el idioma materno? Pero además ¿cómo se hará cuando no haya suficientes mujeres o suficientes indígenas interesados en participar en política? ¿Dejará de ser un derecho para convertirse en una obligación? ¿Cómo se actuará cuando esta participación igualitaria afecta las tradiciones, buenas o malas, admirables o reprochables, de una comunidad?

A ESTO LE AGREGO ALgunas preguntas difíciles de responder en este momento. El último año de un gobierno se verá afectado en su totalidad por el ambiente electoral. En enero, el TSE hace la convocatoria. En abril, comienza la campaña electoral. Si la elección debe repetirse a causa del voto nulo, los partidos tienen de junio a septiembre para repetirla. Pero es posible una segunda elección con votos nulos mayoritarios. La tercera, entonces, será en diciembre, con otros candidatos. Nada se dice en caso de un resultado igual en diciembre. El período presidencial termina el 14 de enero a las 14 horas. ¿Y si no hay presidente electo? ¿Quiénes se encargan de gobernar al país mientras haya por fin una elección con un candidato triunfador?

COMO ESTÁN LAS COSAS, estas preocupaciones dormirán un sueño belladurmientesco durante cuatro años, siempre y cuando en el próximo gobierno sean aprobadas las reformas propuestas por el TSE. Es fácil predecir las razones: queda muy poco tiempo para analizarlas por quienes deban hacerlo. El trabajo del organismo electoral, sin el aliciente de aplicar sus sugerencias para estas elecciones, se convierte en un ejercicio para buscar la cuadratura del círculo. Lo más difícil de comprender y de aceptar es la verdadera meta, inconsciente o no, de los que se negaron a escuchar las razones de quienes sugeríamos un atraso de pocas semanas, a fin de posibilitar resultados diferentes. Cambiarán las caras, pero en esencia todo será lo mismo.