A CONTRALUZ

La tremenda corte

|

LA CRISIS DE LOS PODERES del Estado es más que evidente. Después del descalabro del Organismo Ejecutivo ocurrido el año pasado y el cada vez mayor desprestigio del Legislativo, ahora es el turno del Judicial, que afronta quizá la mayor crisis en su historia reciente. La Honorable Corte Suprema de Justicia (CSJ), como se denomina oficialmente, es el más alto tribunal de justicia del país y el órgano colegiado de gobierno del Organismo Judicial, pero ahora esa “honorabilidad” está cuestionada por las presuntas actividades ilícitas de tres de sus integrantes. El magistrado Douglas Charchal acaba de ser despojado de su inmunidad, Vladimir Aguilar renunció a su magistratura por su implicación en el caso TCQ y hay serias dudas sobre la magistrada Blanca Stalling de haber estado involucrada en el Bufete de la Impunidad.

LA INTEGRACIÓN DE LA ACTUAL CSJ fue producto del proceso manipulado de las Comisiones de Postulación que lejos de dar representatividad y democratizar la elección de las autoridades judiciales, solo han servido para una mayor intromisión política en ese organismo. El Partido Patriota y Líder se convirtieron en los principales electorales, gracias un andamiaje viciado que permitió que a dedo decidieran quiénes serían los magistrados. El resultado no podía ser más obvio, ya que se aseguraron de tener en el más alto nivel judicial a elementos serviles. Paradójicamente, varios de los principales negociadores de ese proceso ahora están en prisión: Pérez Molina, Baldetti, Juan Carlos Monzón, Gustavo Martínez y Juan de Dios Rodríguez.

EL PP Y LÍDER SE HABÍAN asegurado el blindaje de la estructura de impunidad. Una muestra de esa red de magistrados que facilitaría el saqueo del Estado se puede observar ahora con los procesos abiertos. La elección de Charchal, por ejemplo, habría sido arreglada por Monzón y Baldetti porque había probado su incondicionalidad al haber facilitado el negocio de la Terminal de Contenedores de Puerto Quetzal. Aguilar también fue elegido magistrado por ambos partidos, ya que había demostrado ser hombre de confianza al no haber declarado lesivo el contrato de TCQ cuando fungía como Procurador General de la Nación. El nombre de Stalling ha salido a luz vinculada a escuchas telefónicas en el caso Bufete de la Impunidad, además de que su hijo está involucrado en el caso IGSS-Pisa.

UN CASO MÁS RECIENTE que demostraría la politización de la cúpula judicial ocurrió cuando rechazó, en enero pasado, la solicitud de antejuicio contra el diputado Édgar Ovalle, del oficialista partido FCN. A ese militar retirado el Ministerio Público lo señala por los delitos de lesa humanidad y desaparición forzada, por el caso de la Zona Militar 21, Cobán, donde se encontraron 588 osamentas de hombres, mujeres y niños que mostraban señales de violencia. O sea, no se trata solo de tres manzanas podridas, sino que en el seno de la CSJ habría más exponentes de quienes prefieren el tráfico de influencias que la impartición de justicia en forma independiente.

ESTA MUESTRA DE ACCIONES contrarias a la justicia deja clara la necesidad de que se impulse una reforma judicial a fondo en ese organismo. Para el futuro del país sería indispensable modificar el proceso de elección de magistrados para evitar el nefasto expediente de las comisiones de postulación que permiten el tráfico de influencias de grupos oscuros y de intereses partidarios que atan a los futuros magistrados a sus intereses faccionales.

@hshetemul

ESCRITO POR:

Haroldo Shetemul

Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Profesor universitario. Escritor. Periodista desde hace más de cuatro décadas.

ARCHIVADO EN: