La decisión tomada ayer por la Corte Suprema de Justicia, que declaró con lugar la solicitud de antejuicio presentada por el Ministerio Público y la Cicig contra los lideristas Édgar Barquín, Manuel Barquín y Jaime Martínez Lohayza, pone de manifiesto la necesidad de que realice en el menor tiempo posible las tareas derivadas de esa decisión. El Congreso debe nombrar una comisión pesquisidora, cuyo informe es urgente para que se sepa de una vez por todas si el binomio del partido Líder puede participar en las elecciones.

En su decisión, la CSJ le dio trámite a un amparo presentado en contra del aspirante presidencial Roberto González, del partido político Creo, a quien dos personas acusan de haber influido para, ilegalmente, obtener un veredicto favorable en un caso que el candidato señala como relacionado con un exsobrino político de su esposa.

Hacer un llamado a la CSJ para que no alargue la presentación de su decisión de ninguna manera constituye una presión indebida, sino es un consejo ciudadano a ese alto tribunal para que no ocurra le eventualidad de que el binomio liderista participe en la primera vuelta y luego al candidato vicepresidencial le sea desfavorable la decisión de la comisión pesquisidora. Nadie puede prever qué ocurriría en la segunda vuelta debido a ese hipotético caso, pero es evidente que podría provocar un vacío político total y peligroso.

La tardanza de la CSJ para dictaminar le afectaría al sistema de justicia del país, porque la única interpretación posible sería la de beneficiar la ahora dudosa participación de los hermanos Barquín, de Lohayza y de Manuel Baldizón. Al respecto de Roberto González, sería una interpretación contraria, es decir, la de sacarlo de la contienda electoral.

Una posible tardanza de la CSJ en esos dos asuntos profundizaría la desconfianza de la población en el sistema judicial del país, cuya lentitud en este tipo de casos se convierte en una decepción o en un repudio ciudadano a todas luces inconveniente para el presente y el futuro, inmediato o mediato, en cuanto a cómo funcionan las leyes.

La Corte Suprema de Justicia debe, además, tomar en cuenta que a solo 33 días de la primera vuelta de las elecciones es muy posible que surjan muestras de campaña negra, de desprestigio o de burla al sistema legal para que los participantes en estas sean víctimas de planes siniestros que se vuelven efectivos cuando las entidades de justicia caen en la trampa de tener que otorgar amparos maliciosos. La solución en ese tipo de situaciones es dictaminar pronto y dentro del tiempo que permita que esto no sea inútil, porque sería como darle medicina a un enfermo que murió por no habérsela dado a tiempo.

Otro aspecto que debe ser tomado en cuenta es la diferencia entre una acusación planteada por el MP y la Cicig y otra presentada por personas particulares. Los candidatos tienen derecho de antejuicio, precisamente, para evitar maniobras malintencionadas, con propósitos políticos. Una solicitud seria es un instrumento útil para que no sean electas personas transgresoras de la ley. Pero los magistrados deben estar claros en que pueden convertirse en instrumentos de intereses oscuros.