El complicado caso de la eliminación del derecho de antejuicio que posee el presidente Otto Pérez Molina tuvo un nuevo viraje ayer, como consecuencia de que la Corte de Constitucionalidad denegó el amparo presentado por la abogada Karen Fischer como tercera interesada, en favor del mandatario, de la misma manera que decidió en una solicitud similar planteada el fin de semana pasado por el gobernante.

Sin embargo, debido a los pasos legales que deben ser cumplidos, y de las interpretaciones de algunos de estos, la mencionada decisión de la CC no significa necesariamente que se reduzca el tiempo en que se sabrá si tendrá lugar o no la petición contra el presidente, planteada hace algunas semanas por el diputado opositor Amílcar Pop.

El veredicto de la CC debe llegar a la comisión pesquisidora del Congreso, que en este momento es aún presidida técnicamente por el diputado Baudilio Hichos, quien por ahora está desligado de ese organismo, en un permiso otorgado por un mes. Debido a las acusaciones en su contra, el presidente de esa instancia presentó su renuncia al cargo ante esta, pero todavía no ha sido aceptada por el Legislativo, que no tiene un tiempo máximo para reunirse con el fin de elegir al sustituto del dimitente, integrante de Líder.

La reunión del Congreso no se puede efectuar mientras se mantengan ausentes los 62 diputados lideristas, quienes son indispensables para hacer el quórum necesario de 105 legisladores. Hay una convocatoria para mañana, pero no hay seguridad de que asistan.

Ante el trabajo de la Comisión Pesquisidora, un criterio dice que esta debe reunirse para continuar con el proceso, porque no ha aceptado la separación de Hichos. El otro punto de vista señala que debe reunirse hasta que el pleno acepte oficialmente la renuncia de quien aún la preside. Por aparte, Hichos debe convocar, y si no lo hace, cae en incumplimiento de deberes, pero no se sabe cuándo lo hará.

Por si no fuera suficiente, la Pesquisidora, de reunirse, todavía tiene la potestad de investigar y entrevistar a personas posiblemente relacionadas con los hechos delictivos de los que el gobernante es acusado, ya que esté o no el presidente de esa instancia, los cuatro integrantes restantes pueden continuar las labores. Queda claro entonces que el tiempo que pueden tomar todos estos requisitos y posibilidades legales no solo es incierto, sino que todo esto ocurre cuanto están cerca las elecciones, por lo cual de alguna manera aumentan las complicaciones del proceso.

El resultado, para fines prácticos, beneficia al presidente Pérez Molina, porque el 6 de septiembre se encuentra a solo 67 días. Sin embargo, la tardanza que puede haber para continuar con los procesos legales previos al retiro del antejuicio les significan un efecto contraproducente a los diputados que se verán obligados a tomar una postura. Las complicaciones legales, por la dificultad de comprensión para los legos en Derecho, tienen como resultado contraproducente la desconfianza, decepción y rechazo de la población. Estos aspectos no puramente legales deben ser tomados en cuenta, no solo por los diputados, sino por los mandamases partidistas.