El presidente Jimmy Morales ha iniciado la luna de miel concedida a cada gobernante durante los primeros meses de su administración con varias situaciones de alto desgaste. La primera sucedió con el nombramiento de la ministra de Comunicación, señalada de tener conflictos de interés por haber sido una contratista del Estado y por tener una causa abierta ante la SAT, por supuestos adeudos fiscales. Aun cuando es una profesional de larga experiencia, la tormenta no deja de lloverle.

La segunda es la notoria debilidad del Ejecutivo en el Congreso, con una bancada tan evidentemente novata y sin operadores políticos experimentados que no lograron quedarse con ninguna de las comisiones. Esta anemia operativa política pinta un panorama de consecuencias inmediatas y mediatas serias para la concreción del proyecto político del nuevo gobernante, y desviste al dinosaurio verde uneísta con el cual tendrá que negociar para franquear los muros politiqueros del hemiciclo.

La segunda —y a mi juicio más delicada— es con el Ejército, al relevar de su puesto al jefe del Estado Mayor, Alfredo Sosa Díaz, y cuatro puestos claves más. Aunque el presidente Morales ha declarado que estos movimientos son de carácter rutinario y no obedecen a otras razones, se colige que la remoción del ahora exjefe del Estado Mayor es por haber interpuesto, a título personal, una acción ante la Corte de Constitucionalidad, en contra del artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional, la cual suspendería la persecución penal contra los militares que —por mandato constitucional— combatieron a la guerrilla durante los años 80 y ahora, tres décadas después, son sindicados de crímenes de lesa humanidad en un ambiente de extrema crispación política creada por los activistas de derechos humanos, la mayoría de tendencia izquierdista.

Después de su remoción, la abogada de Sosa Díaz interpuso una solicitud de antejuicio en contra del ministro de la Defensa, por brindar información al Ministerio Público por la supuesta divulgación de secretos militares sin una orden de juez competente, específicamente sobre el caso Creompaz.

Este panorama dentro de la jerarquía del Ejército, hasta ahora inédito, de un militar —aunque fuese por interpósita persona— llevando a la Corte a otro, y las repercusiones de que una facción del Ejército se desligue del tradicional sprit de corps, de cerrar filas en la defensa de los suyos en algo tan trascendente como las acusaciones de crímenes de lesa humanidad décadas después del cese al fuego, y en medio de un concertado movimiento de la izquierda por enjuiciar a militares que participaron en los 80, abre una caja de Pandora por donde ya están saliendo demonios peligrosos.

Las irregularidades jurídicas se han evidenciado en todos los procesos penales en contra de los militares. Jueces sesgados y premiados en Washington, pérdida del resguardo de la prueba, y un sinnúmero de situaciones que devienen de un campo jurídico minado por el que han tenido que transitar los militares acusados.

Un Ejército dividido por las manipulaciones de terceros descarta toda duda sobre la supuesta inclinación militarista del presidente Jimmy Morales, porque poner tanta distancia con el problema jurídico que enfrenta el coronel Ovalle, su compañero de campaña en el partido FCN, y luego lo irretractable: remover a su jefe del Estado Mayor por una acción jurídica que favorece a los oficiales que arriesgaron su vida durante el conflicto armado, envía un mensaje alto y claro de que el presidente Morales ha dado un giro de 180 grados en su relación con el Ejército Nacional.

Un Ejército asediado, acusado, debilitado, dividido, y ahora con oficiales en la cárcel, justo lo que la izquierda siempre ha soñado con tener.

Una luna de “hiel”, diría yo…