Con el destape de un nuevo caso de corrupción, esta vez en el Organismo Legislativo, cobra relevancia una figura histórica que ha sido una de las más utilizadas para saquear el Estado: plazas fantasmas, un término utilizado eufemísticamente para referirse a una vulgar y descarada forma de robarse los recursos de los contribuyentes, pues esto ocurre con demasiada frecuencia en las instituciones públicas, aunque también hay abundantes casos en algunas llamadas autónomas.

Por ello no resulta extraño que sea el Congreso de la República en donde se haya encontrado el más reciente caso de corruptela, pues es el organismo más desprestigiado y en el que más han abundado las denuncias de malos manejos en casi todas las administraciones. De hecho, sin ser una institución que brille por su productividad o su proyección social, resulta ser una de las que más contrataciones de personal hacen cada año, obviamente como pago de favores políticos y tráfico de influencias.

Para infortunio de los guatemaltecos, esta no es la única entidad en la que se ha denunciado ese tipo de tropelías y basta recordar que en el transcurso de esta semana, precisamente en las páginas de Prensa Libre, se denunciaba una situación similar en el Ministerio de Salud, donde, según denuncias, existe una mafia que se dedica a la venta de plazas cuyo costo para un aspirante puede empezar en Q8 mil, lo que obviamente implica a funcionarios de alto nivel.

Desafortunadamente, las mismas prácticas deleznables de vender plazas, o poner a gente que solo preste su nombre o su firma para sustraer dinero del Estado, se dan en muchas entidades públicas, como reiteradamente ha ocurrido en el Registro General de la Propiedad, donde recientemente sindicalistas denunciaron a la extitular de esa institución Anabella de León en el Ministerio Público, al tiempo que demandaron una auditoría a fondo, pues también existen indicios de malversación de recursos.

Así como este, hay muchos otros casos y los medios de comunicación independientes han dado espacio a numerosas denuncias de malos manejos y uso clientelar que los políticos hacen en la administración pública. Pero, eso sí, mucho de ello ocurre precisamente porque hay entidades llamadas a cumplir con sus obligaciones que tampoco lo hacen, como ha sucedido históricamente con la Contraloría General de Cuentas o bien en juzgados que emiten amparos a favor del otorgamiento de finiquitos a personajes señalados.

Por ello, más que hablar de plazas fantasmas, se debe mencionar a los actores de carne y hueso de la corrupción, pues como suele observarse en el imaginario social, es algo que se considera una especie de leyenda o historia de mal gusto, pero gracias a las investigaciones de la Cicig y el Ministerio Público se ha evidenciado que tales personajes sin escrúpulos no solo existen, sino que se han organizado para eludir los controles de transparencia y tejer redes de saqueo del erario, a menudo con el contubernio de figuras políticas que gravitan en los altos niveles del poder, y que deberían ser las primeras en respetar la ley.