Las primeras revelaciones de la Cicig y el MP sobre fraudes cometidos por funcionarios del Estado, desencadenaron una serie de acontecimientos inesperados incluso para quienes esperaban desde hace años un milagro capaz de detener el latrocinio y la corrupción enquistados en todos los ámbitos institucionales y empresariales. Pero la ira y la frustración se han ido decantando hacia los protagonistas más evidentes, lo cual deja en las sombras a algunos cuyas acciones e influencia han sido el elemento de base.

Para los funcionarios de Gobierno, el sector privado —Cacif a la cabeza— ha sido una especie de big brother a cuya mirada nada escapa y cuyos representantes están atentos a cada una de las decisiones de la burocracia, con el propósito de proteger sus propios intereses. Y en respuesta a ello, las políticas públicas han sido diseñadas por y para mantener esa connivencia entre dos sectores absolutamente determinantes en la definición del rumbo del país. El pueblo, esa masa amorfa para la cual tradicionalmente solo se ha reservado un espacio nominal pero no verdaderamente decisivo, ha debido conformarse con observar el juego de los poderosos.

Por eso los recientes sucesos han sido tan impactantes. De pronto y sin preparación alguna se elevó una protesta unánime desde todos los ámbitos de la ciudadanía para exigir, de una vez por todas, un cambio rotundo de las reglas del juego y ese cambio incluye —o debería hacerlo— un nuevo marco de relaciones entre el sector empresarial y el Estado.

El tono de las legítimas protestas de la población, hastiada ya de los abusos, ha ido subiendo hasta dar con la renuncia de los funcionarios de mayor jerarquía, lo cual representa una revolución impensable, hasta hace muy poco, del poder popular. Sin embargo, de no haberse dado las revelaciones sobre los fraudes y groseros actos de corrupción entre las personas responsables de los despachos del Ejecutivo, este despertar quizá no se hubiera producido y se habría llegado a septiembre para echarse otra soga al cuello con la elección de un equipo de gobierno probablemente más nefasto que el actual, conservando las mismas características del sistema electoral y de partidos políticos que lo propician.

Así como en un desfile de carnaval, se han ido sucediendo las capturas de altos funcionarios, se han destapado negocios de la más baja ralea y se han ido atando cabos. Pero en esta confusión, con un exceso de información capaz de confundir hasta al más acucioso de los analistas políticos, podría tenderse a dejar pasar inadvertida la responsabilidad de quienes han avalado todos estos excesos, los cuales no solo han restado fondos a la administración pública, sino han condenado a la población a la miseria extrema y a la muerte.

El sistema de justicia, la asamblea parlamentaria, las instituciones encargadas de la fiscalización del gasto público y algunas organizaciones de la sociedad civil quienes, conociendo la realidad, callaron, a partir de este parteaguas deberán actuar en la dirección correcta. Así como grandes sectores de la población que han aceptado con resignación el robo descarado de los bienes de la nación desde hace ya varias décadas no podrán hacerse a un lado y mucho menos participar en la clase de actos que hoy repudian.

elquintopatio@gmail.com