Prensa Libre

ILEANA ALAMILLA

A pesar de que el gobierno anterior aseguró que durante su mandato se disminuyeron las muertes maternas, el procurador de los Derechos Humanos reveló que en ese período murieron 40 mil mujeres por problemas antes, durante o después del parto. Tenemos el tercer lugar en Latinoamérica con la mayor incidencia de decesos materno-neonatales; cifras oficiales señalan que por cada cien mil mujeres mueren 139.7 por causas de natalidad.

A finales de diciembre, la Segeplan y el Minsap dieron a conocer el Estudio Nacional de Mortalidad Materna 2007, en el que se reconoce la mínima disminución de los niveles de muertes ocasionadas por problemas en el embarazo, parto y posparto. Con razón, Sergio Morales, quien ha presentado un amparo ante la CC por incumplimientos del Ministerio de Salud, ha dicho que si se mantienen los números que se registran en la actualidad, este flagelo se podría erradicar en los próximos cien años, después de que mueran 400 millones de mujeres.

Y, como siempre, son las indígenas, rurales y pobres, las más afectadas por esta injusticia que obedece a causas que son prevenibles. Es en el altiplano, donde se concentra el mayor número de decesos, más del doble del que ocurre entre la población no indígena. El 41.4% ha fallecido en sus propias casas y el 5.8% en tránsito, es decir, ni siquiera tuvieron oportunidad de atención institucional y, sabiendo que los registros han sido deficientes, ¿de qué tamaño será en realidad el drama de las mujeres víctimas y de sus familias?

La mortalidad materna es considerada un problema de salud pública. En Guatemala tenemos un marco legal que declara la salud como un bien público y es el Estado el responsable directo de velar por la misma, sin discriminación. En cumplimiento de ello se han asumido compromisos internacionales, entre ellos el de los Objetivos del Milenio, que fijan una reducción de este flagelo en tres cuartas partes antes del año 2015.

Si esto no fuera suficientemente alarmante, hay otro dato terrible: se están reportando muertes maternas de niñas entre 10 y 14 años. Solo en Huehuetenango, el año pasado, 729 niñitas comprendidas en esas edades resultaron embarazadas, siendo este un problema de dimensiones escalofriantes que impacta directamente en sus vidas, con riesgo para las mismas, para su salud y para su futuro. No es normal ni natural que esas pequeñitas tengan que asumir papeles que no corresponden a su desarrollo físico, mental y emocional, aunque “así sea la costumbre”. Además, esa situación lleva implícito un delito, pues una menor no puede discernir libremente, por lo que hay delincuentes implicados.

Segeplan, el Ministerio de Salud Pública, los centros de Salud y demás prestadores de servicios, tienen la posibilidad de erradicar esta aberración, teniendo para ello importantes aliados, como los observatorios de salud sexual y reproductiva, las redes y alianzas nacionales de mujeres indígenas por la nutrición y la educación y las redes de hombres que han hecho gran trabajo y aportes.

Urge que la institucionalidad respectiva lo priorice. Son vidas perdidas o truncadas, además de que es un asunto de derechos humanos.