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20/07/13 - 00:00 Opinión

MACROSCOPIO

No sería mala idea

El tema de los 3,500 millones de quetzales en bonos será una prueba de fuego para el Congreso, que encontrará algo que podría llevar a los diputados a ser sujetos de antejuicio, ya que, como se dijo, gran parte de la deuda flotante es ilegal y entonces se estaría legalizando algo que está fuera de la ley. Los compromisos adquiridos por gobiernos anteriores no están claros, y antes de determinar la cantidad de los pagos a tal o cual empresa, se debería hacer una auditoría forense de las obras realizadas,

HUMBERTO PRETI

para ver si los montos de las mismas están dentro de los parámetros de los costos reales, ver si realmente se ejecutaron o sencillamente se quedaron en la marimba de la inauguración.

Los bonos tienen un componente para inversión, o sea que el Presupuesto General de la Nación queda en el olvido, y si la recaudación no era la esperada se debería de hablar de reducción del gasto y no de entrar a generar más deuda.

Los gastos superfluos van en aumento, cada día hay más vehículos de lujo al servicio de los funcionarios públicos, más asesores que no asesoran, más viajes y más seguridad para ellos y sus familiares, mientras el sector productivo tiene que pagar de su bolsillo la seguridad que el Estado es incapaz de brindarle. Ahora, para colmo, el inútil Parlacén se dispara un edificio a todo lujo con un presupuesto de escándalo.

Pero además de sus ya conocidas acciones, el Congreso afronta posibles peligros que verdaderamente podrían poner más en riesgo el ya casi colapsado Estado de Derecho.

Como algunos de ustedes probablemente están enterados, la Fundación Rigoberta Menchú—o ella, a título personal, no recuerdo bien esto— interpuso en 2012 una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería, argumentando centralmente que la misma no fue aprobada previa consulta al pueblo, como reza el Convenio 169 de la OIT.

Lamentable y preocupante, se rumora que podría estarse trabajando una sentencia que dictamine con lugar que las leyes aprobadas por el Congreso no son válidas sin previa consulta vinculante, por lo que esto sería gravísimo, porque desconocería por completo el proceso de sanción y formación de las leyes en Guatemala y la representación del pueblo otorgada al Congreso. Esto, en dos platos, sería destruir el sistema y precario Estado de Derecho guatemalteco.

Con esta consideración los bonos deberían ir a una consulta popular, pues es una realidad que se compara con los cobros escondidos de las tarjetas de crédito, donde el usuario se lleva tremendo susto al recibir sus estado de cuenta. ¿Y qué otra? A pagar.

De la misma manera el Estado gasta y decide cuánto tendrán que pagar los contribuyentes por el irresponsable manejo del gasto público. La fiscalización solo le cae a los grandes contribuyentes, pero al Estado y a algunos oenegeros que desvían fondos para sus propios intereses políticos, no. Allí sigue Fonapaz, sin resultados de la comisión liquidadora e investigadora.

Ya el tema de los bonos es costumbre de todos los gobiernos, y llegamos a colmos de una emisión en que los intereses fueron del 9% anual, gracias a la pésima gestión del gobierno de Portillo.

No sabemos a qué interés saldrán estos bonos y si la banca local los absorberá, como casi siempre es, pero lo que sí sabemos es que seremos los contribuyentes los que pagaremos la deuda flotante y todas las demás deudas sin poder decir yo no me endeudé y no pago.

Lo interesante será ver cómo se las ingenian los diputados para resolver la ilegalidad de la deuda y no ser sujetos de antejuicio, aunque para depurar no sería mala idea.

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