Prensa Libre

Haber decapitado a las víctimas constituye una evidencia palpable de que el combate del narcotráfico ya dejó de ser una obligación de los países, individualmente, para pasar a ser tarea de varios, unidos, para enfrentar un flagelo que, en pocas palabras, solo será posible controlar y detener cuando en EE. UU., el mercado más grande del mundo para estupefacientes, se decida a penalizar legalmente y castigar no solo la venta y distribución de la droga, sin importar la cantidad, sino también el consumo.

Constituye una triste pero innegable realidad que las condiciones en que actúa el narcotráfico son mejores que las que rodean a los agentes del orden, cuyas posibilidades de ser efectivos se anulan con la simple acción de comparar el poder de fuego de los criminales y su capacidad de movilización por casi la totalidad del territorio nacional.

Son enormes los efectos de todo tipo que causan los narcocrímenes. Al terror de la población se une la disminución del turismo, tanto internacional como guatemalteco, no solo en Petén, sino en todo el país; la reducción de las actividades comerciales lícitas, la zozobra entre los habitantes y una larga lista de hechos adicionales. Pero lo más preocupante es que el Estado, desde hace mucho tiempo, dejó de tener presencia en vastas áreas de Guatemala, en un fenómeno que no ocurrió ni siquiera en las peores épocas del enfrentamiento armado interno, que tuvo lugar entre 1960 y 1996.

La presencia posterior, en Petén, de las más altas autoridades del país, así como sus promesas de acciones, en realidad no tienen sentido. Por un lado, no sirven de nada, y por el otro, el Estado no tiene la capacidad de hacerlo. En un país sumido en los avatares de la lucha electoral, lo ocurrido el domingo —de repetirse— puede tener efectos en el resultado de los comicios, si por temor no se acercan a las urnas los votantes de lugares donde impera el narcotráfico.

La falta de capacidad de respuesta de las actuales autoridades guatemaltecas tiene relación con la reducción del número de efectivos militares de los últimos años. Ello ha significado el fin de la presencia de autoridad en la provincia, y en otros casos, la integración de ex militares a actividades del narcocrimen.

Se trata entonces de un problema complicado, del cual los guatemaltecos no tienen responsabilidad alguna, y que es causado por muchas razones. Y solo se le puede enfrentar con ayuda internacional específica y en acciones conjuntas que obligan a pensar en nuevas bases de criterio para que en la práctica países como Guatemala no se conviertan en lugares sin esperanza alguna.