Prensa Libre

Ayer, un niño de 11 años asesinó a un chofer de camioneta, se bajó del vehículo, subió a otro y a las pocas cuadras bajó de este último y se internó en callejones de la zona 18 capitalina. Hace algunos días, un menor de 14 años fue capturado con una subametralladora Uzi. Dos niñas, una de 13 años y una de 15, fueron capturadas y confesaron haber asesinado a varias personas. Un niño sicario ya no es entonces un caso aislado, sino evidencia que las maras tienen ahora la estrategia de reclutar a miembros cada vez más jóvenes.

En una entrevista concedida a la cadena televisiva internacional CNN, la vicepresidenta señaló un punto que se puede tomar en cuenta: el problema de la inexistencia de normas para rescatar a estos criminales infantiles. Es importante indicar que son numerosas y en realidad obvias las causas que contribuyen a este tipo de criminalidad, entre ellas la desintegración familiar, falta de padre, consentimiento de los papás a todo lo que hace el niño.

Sobre estos temas es necesario conocer la opinión de psicólogos, psiquiatras, sociólogos y otros expertos, para que sugieran cómo actuar y decidan cuándo aún es posible la recuperación y reintegración de quienes han cometido esta clase de delitos, aberrantes porque al hecho en sí de los asesinatos se debe agregar el factor de la corta edad de quienes los cometen. Debe señalarse también que en algunos casos los menores han asesinado por temor a que a sus familiares cercanos los maten los pandilleros.

La solución a esta cruda realidad no toma tiempo corto. Es el resultado de una serie de procesos cuya convergencia provoca, sobre todo, un efecto devastador: que los ciudadanos agreguen a los niños de esas cortas edades a las personas a las que se les debe vigilar y se les debe temer, como sucede ahora con los motoristas asesinos. Por ello es seguro que aumentarán los casos de niños que serán también víctimas de las venganzas entre pandillas o, peor aún, de acciones criminales que solo pueden ser explicadas como producto de la nefasta “limpieza social”.

Las declaraciones de la vicepresidenta a CNN incluyeron dos afirmaciones igualmente preocupantes, una de ellas es que el narcotráfico ha penetrado a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio Público y a la Policía Nacional. La gravedad de estas declaraciones obliga a que las instituciones aludidas se pronuncien al respecto, porque de lo contrario no solo sería una tácita admisión de lo afirmado, sino contribuiría a la desconfianza y decepción populares a causa de la ineficiencia del Estado. Pero ese es tema de otro análisis.