Prensa Libre

MARIELOS MONZóN

Por muchos esfuerzos que hacía nunca lograba quedar bien con él, las peleas iban en aumento: unos días por la comida o la ropa, otras por el comportamiento de los hijos, otras por su forma de vestir o de hablar; lo cierto es que siempre existía un motivo para el maltrato y ella siempre resultaba responsable de la situación.

Esta es la historia de una mujer guatemalteca —joven madre con dos hijos— que vivió casi una década de maltrato al lado de su marido. Pero podría ser la historia de cualquiera de las miles de mujeres que en nuestro país sufren violencia de todo tipo a manos de sus parejas o de las personas con quienes conviven. Muchas ya no están para contarlo, engrosan las listas de asesinadas o desaparecidas. Según cifras oficiales, en lo que va de este año, ya son 700 las mujeres que han muerto de forma violenta, sin contar a quienes han sido golpeadas o violadas; y un enorme grupo que sufre violencia psicológica, económica o patrimonial.

El silencio y la indiferencia, aunado a una cultura machista arraigada en nuestra sociedad, que ve la violencia contra las mujeres como algo natural y hasta permitido, y como un problema “privado” en el que no hay que meterse, atraviesa todos los estratos y los sectores sociales, es un flagelo que se ha metido en la médula de una colectividad conservadora y de doble moral, como la guatemalteca, y que encuentra su asidero en una concepción de la mujer como objeto y como ser humano de segunda o tercera clase. El odio contra las mujeres, por su condición de mujeres, queda de manifiesto en las relaciones desiguales de poder, en los discursos misóginos desde los púlpitos, megaiglesias o los medios de comunicación y en la saña con la que se les asesina o agrede; sus cuerpos mutilados y vejados son una muestra palpable del motivo de la muerte: su condición femenina.

Y poco o nada estamos haciendo para que esto deje de ocurrir. Los esfuerzos titánicos de los familiares de las víctimas o de las activistas por los derechos de las mujeres, no son acompañados como deberían por el resto de la sociedad, ni por la institucionalidad pública. No existe una movilización ciudadana capaz de hacer retumbar con su repudio las entrañas de la sociedad y del sistema y despertar la indignación suficiente para obligar a que se detenga la violencia, y los responsables afronten la justicia.

Guatemala sigue siendo un paraíso para los asesinos de las mujeres, resguardados por la indolencia de quienes, a pesar de los pesares, siguen pregonando que hay que aguantar, hasta que la muerte los separe.