Me he negado a pagar esos asaltos, y lo continuaré haciendo. Esta temporada de turisteo he documentado tres casos. El primero en Antigua, donde a la entrada ofrecen voluntariamente un marbete con el fin de poder aparcar en la calle. Es optativo y responde al uso de la vía pública para estacionar, algo que podría sustituirse por parquímetros. Es discutible, pero tiene un cierto sentido y no es obligatorio. Otro caso vivido fue en Sololá, a la salida del municipio, ni siquiera a la entrada.

Un grupo de PMT impedía continuar hacia Panajachel porque exigían pagar el “arbitrio” que arbitrariamente cobraban. Provocaban colas y obstaculizaban la libre locomoción, recordando asaltos de antaño en las montañas sololatecas. Viejas prácticas que parecen no olvidarse y se oficializan sin pasamontañas. La tercera y última experiencia fue a la entrada a Puerto San José. Una situación tan deleznable como el de la antesala del Lago de Atitlán. Idéntico atraco con similares uniformes y modos.

Lo malo no es la situación delictiva en la que incurren esas municipalidades sino el desinterés general por atajar el problema y mucho peor, la complacencia, pasividad o conformismo con que se aceptan sin rechistar esas situaciones. En esta ocasión la víctima es corresponsable del delito. El silencio cómplice o cobarde —mismo que alienta a los talacheros sancarlistas y a los mareros extorsionadores— es el caldo de cultivo que reproduce esas actitudes con asombroso grado de impunidad.

El absurdo —para explicarlo mejor— sería viajar de Guatemala a Puerto Barrios o Quetzaltenango, pagando en cada municipalidad que se atraviesa. Si entendió el despropósito pregúntese ahora por qué paga, aunque solo sean “Q5 que no van a ninguna parte” o “que no lo empobrecen”, argumentos que escucho cuando cuestiono esas situaciones. Si no entiende el problema y lo confronta contundentemente, los chantajes y extorsiones seguirán por culpa de la inacción. Se pagan impuestos para invertirlos en seguridad, adecuadas vías de comunicación y limpieza de la ciudad. Pero cuando el dinero público se malgasta o se roba —práctica demasiado frecuente—, queda un déficit que se pretende equilibrar no importa cómo. ¿Fiscalizará la Contraloría de Cuentas ese dinero que ingresan las munimaras? Es más, ¿se enterará siquiera de esos ingresos?

Estamos mal y permitimos que pisoteen nuestra libertad y derechos, sin hacer mucho al respecto. Con actitudes serviles o permisivas de las que culpamos a otros, transmitimos la sensación de que pueden seguir haciéndolo, sin advertir ni reparar en nuestra responsabilidad. Lo próximo será consentir que ciertos avaros populistas se queden con el país a pesar de que muchos se llenan la boca diciendo que lo aman, pero en la práctica no hacen mucho por valer sus derechos ni dan la cara. Esos ladronzuelos municipales son delincuentes. Sin embargo, no los mire con desprecio, obsérvese al espejo con pena y vergüenza mientras —incapaz de otra cosa— prepara los cinco quetzalitos y busca cualquier excusa que justifique su cobardía frente a sus hijos o amigos.

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