Antes de iniciar esta explicación, Prensa Libre desea agradecer las miles de llamadas y comentarios hechos a través de las redes sociales, incluyendo los que no comparten nuestro criterio. Estos se dividieron entre los de personas que felicitaron, las que consideraron errado el criterio, así como quienes aprovecharon la oportunidad para atacar al Gobierno, sin presentar ningún motivo, sino en un ejercicio de cierta catarsis sociopolítica.

Los gobiernos, este y cualquier otro, están obligados a actuar con transparencia, a informar de sus acciones, así como también a explicar, antes de tomarlas, cuáles son los motivos. En el caso que se comenta hoy, los errores gubernativos se manifiestan con claridad, como una consecuencia directa de la mezcla de incapacidad del equipo de comunicación, unida a un deseo de protagonismo de funcionarios de alto nivel.

La prensa debe preservar su independencia porque su función en la sociedad es recoger y divulgar informaciones y comentarios, entre los cuales se encuentra el editorial, que es la única voz oficial de todo medio informativo en cualquier parte del mundo. Por tanto, es claro que al editorializar sobre algo, toma una posición que obviamente es aceptada por unos y rechazada por otros.

En el tema informativo, la importancia de los hechos marca el espacio dedicado, la importancia otorgada y el número de veces que las noticias lo tratan. Por eso, señalar como un sinónimo de ataque la cantidad de titulares y de noticias es prueba de desconocimiento cuando lo expresan personas ajenas al periodismo, pero se convierte en manifestación de incapacidad cuando lo hace un equipo gubernativo de análisis de la labor de la prensa.

Es importante comprender que estas críticas son institucionales, y por ello no tienen nivel personal, ni político partidista, aunque en algunos casos coincidan con posiciones de grupos políticos. Lo mismo ocurre cuando se trata de reconocer acciones acertadas, lo que muchas veces provoca que esa oposición acuse al medio informativo de favorecer al régimen de turno. Es una realidad que ha existido desde siempre.

Dicho todo esto, se debe reiterar que las posiciones de los periódicos no son producto de caprichos o berrinches, sino de análisis de varios puntos de vista, que incluyen el oficial pero se complementan con otros. Todo ello encaja y fortalece el derecho constitucional de disentir, y no es prueba de mala intención. Lejos de eso, es una fuente gratuita de criterios que son útiles a quienes toman decisiones de gobierno.