El pasado 19 de Junio fue entregado en el Despacho del ministro de Cultura y del viceministro de Patrimonio Cultural y Natural el Pronunciamiento de esa misma fecha preparado por los arquitectos diseñadores del Centro Cívico y fundadores de la primera Facultad de Arquitectura de Centroamérica; arquitectos, urbanistas y conservadores de patrimonio cultural, y profesionales, intelectuales y académicos, quienes analizaron la propuesta y exponen argumentos sobre la inconveniencia de llevar a cabo el Centro Administrativo del Estado (CAE), por atentar contra la integridad del Centro Cívico y de las instalaciones de Fegua, declarados Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación.

En febrero de 2015 se conocieron las primeras noticias sobre ese propósito. La idea es de la Agencia de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), que propicia las alianzas público-privadas, entre cuyos socios, además del Ejecutivo, están Cacif y Cámara de la Construcción. Una preocupación de su director ejecutivo, Julio Héctor Estrada, fue: “…un reto para la próxima administración será determinar si apoya o no el proyecto del tren de cercanías” (Portada elPeriódico 22 febr.). Tres semanas después, el interés fue sobre el millón de dólares invertido en estudios y consultorías, indicando que todo el esfuerzo e inversión que se hizo durante este gobierno “queda en manos de las próximas autoridades”, (13 mzo., P6).

El plan contempla edificios para oficinas públicas que concentrarán a unos 12 empleados y cuatro mil estacionamientos subterráneos, estaciones de transporte urbano, tren de cercanías sobre la vía férrea existente y áreas comerciales. La tierra pertenece al Estado. El negocio requiere la inversión de US$200 millones provenientes de préstamos externos. Los inversionistas contarán con un único inquilino, el Estado, y la garantía de pago de alquiler por 20 o 25 años, así como el usufructo de las áreas comerciales. Pocos riesgos y total ganancia; es decir, negocio redondo.

El Centro Cívico fue concebido y construido en los años 50-60 a fin de descentralizar la administración pública. En su diseño se dio prioridad al peatón. Para eso se crearon espacios públicos de interconexión, enriqueciéndolos con obra de arte integrada a las plazas y edificios. El Palacio Nacional concentraba al Organismo Ejecutivo y la Plaza Mayor era el lugar común para el encuentro de los ciudadanos, en tanto la ciudad, en su calidad de Capital, mantenía su carácter habitacional, comercial y administrativo.

En un intento por unir esos dos importantes polos, la Municipalidad proyectó la remodelación de la plaza, generando sendos estacionamientos bajo su superficie, así como la peatonización de la 6a. avenida. Ese importante eje los conectaría y estimularía la coexistencia de vivienda, comercio y oficinas administrativas; proyecto al que no se dio el debido seguimiento.

El Pronunciamiento fue entregado a todas aquellas instituciones afincadas en el Centro Cívico, así como al Colegio de Arquitectos, Rectoría de la Usac y Procurador de DDHH, para que coadyuven a evitar esa anunciada catástrofe cultural.

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