Después de la II Guerra Mundial, la humanidad estaba asustada y cansada por tanto horror. Entonces surgieron los conceptos del derecho humanitario internacional Jus in bello (el derecho en la guerra) y Jus ad bellum (el derecho sobre el empleo de la fuerza), para ser aplicados a partir de entonces, por igual, a las partes beligerantes, independientemente de las causas de cualquier guerra. Con ello se quiso evitar la repetición de atrocidades como las cometidas por el régimen nazi.

A partir de entonces, los “desmanes de la tropa” quedaban fuera, y nada en una guerra debía escapar a estas normas. ¿Sabían esto los ejércitos que respaldaron las dictaduras militares y protagonizaron las torturas y violaciones más feroces en nuestro continente? ¿Lo obviaron? ¿Por qué la violación y asedio a los cuerpos de mujeres y niñas en las guerras de Guatemala (1960-1996), la ex Yugoslavia (1991-1999) o Ruanda (1994), y más recientemente a las mujeres sirias? ¿Quién permite que los soldados, esos cuerpos disciplinados y obedientes, violen los cuerpos de niñas y mujeres en tiempo de guerra, o incluso los de otros hombres? ¿En dónde dice que la defensa de la soberanía de una nación pasa por el ultraje y la esclavitud de las mujeres?

El Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia (1993) y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (1994), sentaron un precedente al establecer que la violación sexual en tiempo de guerra debe ser considerada, sin excepción, un crimen de lesa humanidad, tanto si es cometida por soldados, como por otros combatientes civiles en guerras, conflictos armados, tiempo de servicio u ocupación militar. También son consideradas crímenes de guerra la prostitución obligada de las mujeres o su esclavitud sexual por una potencia ocupante, como sucedió con las más de 200 mil mujeres japonesas de Solaz, sometidas por el ejército imperial desde 1932 hasta el final de la Segunda Guerra. O como en la Alemania nazi, cuando Himmler organizó una red de prostíbulos con mujeres judías para “uso” de los miembros del ejército y la SS. Le toca el turno a Guatemala por un caso de 1982. Quince mujeres q’eqchís fueron ultrajadas y esclavizadas en el destacamento militar de Sepur Zarco por un período de 6 meses, y algunas por más tiempo. El cuartel era para recreación y descanso de la tropa, pero allí se practicó terrorismo de Estado. Hoy, once mujeres siguen un proceso penal por violación sexual durante la guerra contra sus agresores. Sus declaraciones del 2012 sirvieron como anticipo de prueba y constituyen hoy la base del juicio contra un exmilitar y un paramilitar —Esteelmer Reyes y Heriberto Valdez Asij—, acusados de agresiones sexuales y esclavitud doméstica. Un hecho inédito en la historia jurídica de América Latina, ya que nunca un caso de violencia sexual de la guerra se ha juzgado en una corte nacional. Todo, acompañado muy de cerca por representantes de la comunidad internacional radicada en Guatemala.

Una de las mujeres relató en el 2012, que por ocho meses fue obligada a ir al destacamento cada tres días a cocinarle a los soldados y a lavar su ropa. Entonces, un grupo que oscilaba entre cuatro y seis soldados cada vez distintos, la violaba repetidas veces. Esto sucedía en una garita, un cuarto o a la orilla del río, con pistola en mano y bajo amenazas. “Muchas veces fui violada”, dijo otra de ellas hace pocos días, notoriamente cansada y bastante mayor. Todas se prepararon por años, de la mano de organizaciones de mujeres de la sociedad civil, para este momento. Han conocido sus derechos, han dejado culpas y estigmas atrás, han entendido a qué se enfrentan; eso habla de acceso a la justicia. ¿Podrían tener más miedo del que ya tuvieron una vez? No. Hoy sus voces están hablando recio por ellas y por las demás sobrevivientes de violencia sexual de la guerra.