Realmente cuesta en- tender a los guatemaltecos y más aún a su clase política, los acontecimientos de esta semana nos dan una idea de la dicotomía en lo que es el pensar de nuestra gente. Por un lado se escucha un clamor generalizado en contra de la corrupción, pero por el otro se levanta la imagen y hasta se prestigia al expresidente Portillo, quien fue extraditado por hechos de corrupción más que comprobados. Lógicamente, el partido que lo postula tiene la certeza de que los votantes lo escogerán para llegar a una curul. Definitivamente, esto nos da una idea de la calidad moral de quienes lo escogieron.

Como resultado de este clamor popular, vemos algunas luces entre ese negro túnel que está formado por todos los organismos del Estado. El hecho de haber quitado la inmunidad a tres jueces y a la cabeza de un ministerio nos hace pensar en que por fin estamos viendo algo de esperanza para terminar con la ola de corrupción e impunidad que ha inundado la administración pública.

El reto es enorme. Hoy tenemos un nuevo vicepresidente, que en su calidad de coordinador de los ministerios tiene la tarea de escudriñar los manejos que han sido oscuros y para nada transparentes, pero esa labor, por más que sea acuciosa y definida, no llegará a nada si seguimos con fiscales que piden irrisorias penas y jueces que engavetan expedientes o dan medidas sustitutivas ridículas.

Cuando pasamos por una tortuosa carretera y preguntamos por qué está así, nos responden: Esta carretera ya la han pagado tres veces, y nada. ¿A quién se la han pagado? ¿Durante qué períodos? ¿Dónde están los responsables? De plano, en sus mansiones, gozándose la estafa que le hicieron al pueblo.

Caso más grave es el de las entidades de salud, donde los corruptos son los responsables de muertes de hombres, mujeres y niños. ¿Está alguno de ellos siendo juzgado? Por supuesto que no. No vemos a los oenegeros de derechos humanos apoyar como querellantes adhesivos a los afectados, que en su mayoría son de escasos recursos, pues en entidades como la Defensoría Pública Penal ni caso les hacen.

Cientos de proveedores del Estado están a punto de quebrar, por retrasos en los pagos. ¿Dónde está el dinero? Estaba ya provisionado en las arcas de la Nación. ¿Qué se hizo? ¿Quién lo tiene?

Lamentablemente existen robos de otro tipo, salarios enormes para asesores que no tienen calificaciones, instituciones que no funcionan pero sí cuentan con una burocracia costosa como Amsa, el Consejo de Desarrollo Rural, secretarías y dependencias inútiles que deben ser cerradas, pues de la manera que va incrementado la burocracia, no habrá recaudación que alcance.

Ejemplos de ineficiencia se ven en todos lados. El mes pasado fui víctima de un robo. En la esquina donde fue el suceso hay cámaras y pancartas que dicen “manzana segura”. Resulta que las cámaras no funcionan, y así, vamos a los hospitales, los equipos de rayos X están descompuestos y los anaqueles vacíos, sin medicinas; la Policía con limitaciones en el combustible y las botas con agujeros. No se salvan los pobres patojos, recibiendo clases en aulas con láminas perforadas y pupitres destrozados. Industriales, comerciantes, transportistas viven el calvario de la burocracia extrema que pone cortapisas a toda iniciativa productiva. Ya se llegó al colmo de que se necesita un estudio de impacto ambiental para reforestar.

Quizás la salida de la vice podría ser un parteaguas y las acciones contra jueces y ministros vayan dando una advertencia para que el manejo de los fondos públicos no sea para una piñata personal.

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