El día de ayer vimos con mucha preocupación las fotos de la sala de neonatos en el Hospital de Occidente, en la cual aparecen los bebés en canastos plásticos y cajas de cartón. Paralelamente hemos releído el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 2013-2015, que fue refrendado por el exministro Villavicencio, pacto en el cual se fijan condiciones que el Estado jamás podrá cumplir, pues aparte de incrementos escalonados sin ningún mérito y viáticos desproporcionados, concede días de holgar por cualquier razón, mientras vemos las carencias en los hospitales de todo el país.

Este es un tema de Derechos Humanos que va de la mano con la corrupción y la ineficiencia de la fiscalización de las entidades estatales. El corrupto es un violador de los Derechos Humanos, y por culpa de él se cierran oportunidades a millones de guatemaltecos y muchos mueren por su causa.

No sé de dónde se sacaron que solo los gobiernos violan los Derechos Humanos, entonces los que defienden estos postulados creerán que los asesinos, los ladrones, los usurpadores, los respetan, por supuesto que no. Los Derechos Humanos son para todos y las posiciones de los que dicen defenderlos más pareciera que van en la vía de favorecer a los violadores. Veamos el pronunciamiento oficial de los representantes de la mancomunidad de todos los países del globo respecto a las guerrillas:

El representante de la ONU para los Derechos Humanos, Todd Howland, aseguró que la justicia transicional es un proceso donde el país enfrentará su pasado. Añadió que quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad deberán ir a la cárcel. “En razón de los estándares internacionales es importante decir que hoy en día cuando hay violaciones sistemáticas de derechos humanos normalmente debe haber una restricción de libertad. Que se tiene que aplicar a todos, no solamente a una fracción, sino a todos los que violaron los derechos humanos”, dijo Howland.

Esto lógicamente va en contraposición de la opinión de los movimientos armados extremistas, los cuales quieren que el único castigado sea el ejército que los combatió y también aquellos que lo apoyaron; para ellos no existe violación en el secuestro, en la extorsión, en la violación de la propiedad privada, sencillamente ellos quieren ser los eternos impunes de todos sus crímenes.

Pero volviendo a los pactos colectivos, estos dan prebendas, concesiones y emolumentos que son dañinos a la población en general y, por lo tanto, violan sus derechos humanos. Los gobernantes no deberían dudar en declarar lesivos dichos pactos y en algunos casos proceder de inmediato a la intervención de ciertas instituciones estatales que están causando dolor y muerte. Por supuesto el interventor deberá ser probo e intachable y, lo principal, apolítico, difícil de encontrar.

Es penoso ver la indolencia con que los encargados de velar por los intereses de la población dejan pasar esa interminable corrupción que causa que los connacionales que menos oportunidades tienen emigren o sencillamente mueran por la mala atención que se le da a su salud. Para ellos si no vienen relatores de la ONU, no son temas que le den publicidad a la alta comisionada para los Derechos Humanos.

Se crean fiscalías contra la corrupción. Para la transparencia, se tiene a la discutida Cicig. ¿Para qué? Sencillamente son instrumentos de los mismos gobernantes, pues la tan afamada independencia de poderes brilla por su ausencia. Hemos visto cómo el Ejecutivo en ocasiones ha reducido asignaciones presupuestarias a las cortes mandando el mensaje “No se metan con nosotros”.

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