La interpelación realizada a la canciller Sandra Jovel, a iniciativa de los diputados que integran el Frente Parlamentario por la Transparencia, constituyó el primer intercambio entre organismos de Estado sobre el abordaje que da el país al problema migratorio. Este paso está llamado a marcar un hito sobre el interés nacional por la situación que vive su población afectada por la expulsión humana hacia el exterior. Y es que en un país donde una sexta parte de su población radica afuera, y otra tercera parte de ella depende del dinero que aquellos generan y les envían, es imperativo que la discusión sea prioritaria, y que la evaluación y fiscalización de las actuaciones del Gobierno sean precisas y constantes.

Para ello, quedó evidencia la semana pasada de que es necesario que los mismos diputados que cuestionan estas actuaciones del Ejecutivo pasen necesariamente por un proceso de aprendizaje e información sobre los problemas y necesidades puntuales que afectan a los migrantes, y que el Estado debiera tener la capacidad de atender. De lo contrario, cualquier ejercicio futuro será similar a este, que estuvo influido por limitaciones que impidieron una discusión valiosa, plena y abierta. Muchas de las preguntas planteadas por los interpelantes fueron demasiado vagas y aguadas, para este interrogatorio que se ha esperado desde hace mucho tiempo. Y las respuestas de la Canciller fueron en algunos casos erradas, inconcisas y carentes de veracidad, sin que, aparente y sorprendentemente, los diputados repararan en ello a la hora de hacer las repreguntas. Pero es rescatable que en la interpelación quedó registro de las posiciones que guarda el Ejecutivo sobre lo migratorio y consular, y que esas respuestas constituyen una base sobre la cual esta discusión se debe continuar.

¿Quién informó y asesoró a los diputados interpelantes? no lo sé. Pero debieron haber tenido información más fresca y técnica, acerca de temas que el Estado debiera tener capacidad de atender y que no fueron tocados. Aporto a la discusión dos: a) El plan de ampliación de la red consular y las necesidades geográficas de la población. Sin advertirlo los diputados, la Canciller anunció que planea invertir en una nueva sede en la bella Filadelfia, sin que se le cuestionara si esta acción será eficiente, según las necesidades de la población; o si acaso no sería más beneficioso fortalecer los consulados actuales; o si en todo caso, no habría otros lugares más necesitados de una sede cercana, como por ejemplo, el lejano y abandonado estado de Minnesota, ampliamente poblado por guatemaltecos. Ampliaré esto en una futura columna. b) El caos de documentos, que hoy acumula una mora de entrega de pasaportes desde noviembre. ¿Cómo puede ser que no fuera tocado este imperioso drama? Y el imprescindible acceso al sistema de Renap (Sireci), al que no tienen acceso los consulados desde inicio de año. Y no digamos las jornadas de consulado móvil, suspendidas desde hace meses.

Entiendo que la sesión de interpelación terminó por rompimiento de quórum, y que en las siguientes sesiones deberá discutirse sobre el voto de falta de confianza. Es importante que se aclaren algunas respuestas de la Canciller, como su aseveración de que en 2017 los cónsules visitaron a 28 mil guatemaltecos detenidos, lo cual es un número cercano al total de deportados ese año desde EE. UU., y evidentemente es incorrecto. Asimismo, cuestionar cómo un Estado como el nuestro carece —según lo afirmó— de una política pública migratoria. ¿Acaso dos años de gestión del “Gobierno para los migrantes” no fueron suficientes? Se anima a los diputados interpelantes a continuar este esfuerzo a pesar de los obstáculos que se les puedan interponer. Este país de expulsión humana lo merece.

@pepsol