El Gobierno, con el pretexto de que algunos derechos ciudadanos pueden ser cesados temporalmente como consecuencia de desastres naturales, abrió ayer la puerta a la censura de los medios de comunicación y la violenta represión de manifestaciones, al haber declarado un estado de Prevención en la totalidad del territorio nacional, medida que está por ahora limitada a 15 días, pero no por ello queda exenta de ser prolongada por cualquier cantidad de tiempo.

La certeza de esta interpretación queda clara cuando el acuerdo del Gobierno, al declarar estado de Prevención en todo el territorio nacional, dispone “exigir a los órganos de publicidad o difusión que eviten todas aquellas publicaciones que a juicio de la autoridad competente contribuyan o inciten a la alteración del orden público”, so pena de proceder “por desobediencia contra los infractores”.

Tal decisión, al ser colocada en el contexto de los insultos generalizados contra la prensa nacional proferidos el lunes, comienza a demostrar y a afianzar una preocupante tendencia hacia el autoritarismo, lo que siempre ha terminado en regímenes totalitarios caracterizados por su rechazo a la crítica.

En el acuerdo firmado por el presidente Morales y su gabinete se evidencia una ignorancia supina en el tema de la libertad de expresión, de informar y de ser informado, de comentar y recibir comentarios. Estos encajan en los derechos humanos, y por los acuerdos internacionales firmados por Guatemala, no pueden ser conculcados de manera alguna. Por eso son inconstitucionales.

El acuerdo restringe los artículos constitucionales 5 y 16, por lo que limita el derecho a la libre locomoción, puede disolver por la fuerza, impedir o prohibir manifestaciones o reuniones, aunque sean privadas, “cuando tuvieren móviles o finalidades políticas”, o “cuando se hiciere uso de armas o se recurriere a actos de violencia”.

La decisión impulsada por el mandatario no tiene pies ni cabeza. Es contraproducente y absurda. Lo coloca en una posición aún menos defendible porque son sujetas a interpretaciones u opiniones sui géneris de cualquier clase de “autoridad competente”. Ninguna lo puede ser, porque se trata de derechos humanos. Punto. Al llegar a la asamblea de la ONU, en un viaje que por razones no conocidas durará toda una semana, esta decisión lo puede colocar al frente de las incómodas preguntas de la prensa internacional, con el riesgo de que lo traicione nuevamente su incapacidad para aceptar algo distinto al halago a sus decisiones, generalmente atropelladas y no meditadas.

No es exagerado comparar este caso con el burdo serranazo de 1993. Son muchas las similitudes entre ambos presidentes. Lo peor de todo es la inutilidad de la decisión, porque aun cuando sus esbirros tengan éxito en censurar a los medios informativos, no podrán hacerlo con las críticas ciudadanas de las redes sociales. Con este intento torpe y contraproducente, Morales, tal vez de manera inconsciente pero no por ello menos censurable, muestra su verdadera personalidad, así como la de muchos de quienes lo rodean y presionan, que resurgen de las sombras tenebrosas de un pasado por desgracia aún vigente.