NADIE EN SU SANO JUICIO puede oponerse a cualquier esfuerzo para disminuir y ojalá erradicar una de las peores causas de las muertes y de daños personales imposibles de eliminar en personas víctimas de cualquier tipo de accidentes de tránsito y de infracciones a la ley respectiva, tan violada en Guatemala. Y si un alto porcentaje de estos casos se debe a personas irresponsables conduciendo bajo los efectos del alcohol, evidentemente es positivo actuar con este fin. A partir de ayer comenzó un denominado Plan Belén, de cero tolerancia a los conductores borrachos, y aunque no se ha sabido de manera oficial, en esta justificada actividad participarán agentes de tránsito, de la Policía Nacional Civil, del Ministerio Público y del Inacif.

SIN EMBARGO, DEBIDO al secreto o al menos demasiada reserva empleada, tampoco se ha sabido casi nada de la llamada Ley de Fortalecimiento Vial, cuyas características obligan a pensar en efectos contraproducentes o al menos convertirse en un instrumento inútil como consecuencia de las condiciones de la realidad del país. Se planifican multas entre 5 mil y 25 mil quetzales por conducir bajo la influencia del alcohol, lo cual se debe comprobar con un alcoholímetro u otros medios similares. Al considerarse delito, implica detención y cárcel, y si hay lesiones o muertes, prisión entre tres y cinco años, y cancelación de la licencia. Se tiene entonces la teoría del castigo draconiano, pero no se toma en cuenta la realidad nacional.

LAS MULTAS ALTÍSIMAS, independientemente de la justificación, tienen el resultado de aumentar una de las peores lacras: la corrupción, en este caso ejemplificada en la mordida para escaparse de un delito. Se evidencia la falta de análisis de medidas más apegadas a la realidad socieconómica de los guatemaltecos.

Hay una diferencia en los accidentes debidos al resultado de irresponsabilidad, sobre todo cuando hay víctimas mortales, así como lesionados, y se trata de hechos causados por choferes profesionales, quienes por serlo tienen una mayor responsabilidad en actuar de acuerdo con las normas de las leyes de tránsito, pero se trata en muchos casos de casos distintos a cuando las autoridades sorprenden manejando bajo los efectos del alcohol, sin causar daños a nadie.

EN ESTOS CASOS, LA posibilidad de irse a uno de esos antros de violaciones a todo derecho humano conocidos en Guatemala como cárceles, obliga al culpable a ofrecer mordidas. Esa misma condición de los centros carcelarios causa los informes médicos falsos para impedir la salida de hospitales de quienes son culpables de acciones criminales cometidas al manejar vehículos en estas condiciones. Para lograr el loable fin de desmotivar al conductor ebrio hay otras medidas adicionales, como por ejemplo responsabilizar a quien en una fiesta privada ha servido demasiado licor o no ha impedido a algún invitado regresarse a casa en su carro. Así se hace en algunos lugares de Europa y el problema se soluciona al utilizar taxis para los ebrios.

REITERO: LA IDEA ES BUENA. Cómo se quiere aplicar, me llena de dudas. No tiene opción quien será multado con 25 mil quetzales, o perderá la licencia cuando su trabajo depende de manejar, e irá a un lugar donde compartirá muchos días entre maleantes y criminales, dispuestos a extorsionarlo, vejarlo, humillarlo. Es así porque es imposible tener centros de detención con mínimas condiciones humanas, y porque la lentitud del sistema judicial será otro factor para facilitar la corrupción. La idea es disminuir los casos de ebriedad con motivo de las fiestas navideñas, pero puede convertirse en causa de celebración para los mordelones y del aumento de quienes lo hagan. En resumen, hay otras formas adicionales en realidad efectivas.