EL SISTEMA DE REALIZAR obras nacionales por medio del sistema de una alianza público privada constituye una idea necesitada, como todas, de un análisis cuidadoso a fin de lograr, por ejemplo, obras de infraestructura cuyo precio supera las capacidades del Estado, pero organizadas con el fin de obtener beneficios mutuos. Por ello, el espíritu de ese tipo de inversiones debe ser el de pensar primero en las conveniencias para el país, con el objetivo de evitar convertirlas en hechos contraproducentes e inconvenientes, al beneficiar de manera desbalanceada a alguna de las partes. Es necesaria la certeza jurídica, en especial cuando se tiene entre los objetivos interesar a inversionistas extranjeros para invertir en obras de largo plazo.

CUANDO SE FORMÓ en el 2012 la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, conocida como Anadie, muchas de las reacciones fueron positivas. Al hablar de infraestructura, el significado popular de esa palabra hace pensar en obra física como es la de obras dirigidas a facilitar la comunicación en todo sentido. Por eso se explican algunas de las obras proyectadas, como lo son un puerto y un tren de carga para el Pacífico, un proyecto de gas natural, y carreteras, una para Puerto Quetzal y otra para circunvalar la ciudad, pero no dentro de sus límites, sino pensada con el fin de unir municipios situados a algunos kilómetros por cualquiera de los puntos cardinales, para así llevar desarrollo a las comunidades mencionadas.

HAN PASADO CASI CINCO AÑOS y hasta ahora el único proyecto avanzado es el del Centro Administrativo del Estado, primero planificado para hacerse realidad en las antiguas instalaciones del Hospital Militar, en la zona 10, lugar donde no era conveniente a causa de significar un enorme aumento del tráfico vehicular de esa zona. Se ha sugerido construirlo en las antiguas instalaciones de los ferrocarriles, una idea cuya evidente equivocación ha provocado una serie de comentarios negativos, pero en especial ahora entre el propio gabinete, porque afecta el patrimonio histórico de la ciudad. Un análisis lógico permite darse cuenta de la similitud entre las razones puramente automovilísticas para rechazarlo, como ocurrió con el plan original.

AL BUSCAR INFORMACIÓN al respecto de Anadie, es fácil hallar datos interesantes. Los proyectos, en total, suman 1,745 millones de dólares, es decir 13 mil millones de quetzales. Esto incluye el proyecto CAE, así como uno no especificado exactamente para realizar en La Antigua Guatemala, escenario actual de muestras de molestia de los vecinos contra las autoridades ediles y del Consejo para la Protección de la ciudad. En total, los estudios previos en todos los rubros alcanzan 15 millones de quetzales y la mitad de ese dinero se ha gastado en sueldos. El encargado de esos proyectos, Julio Héctor Estrada, es ahora el ministro de Finanzas, y este ministerio es uno de los encargados de aprobar los proyectos antes de enviarlos al Congreso.

MUCHAS EXPLICACIONES deben ser presentadas a la opinión pública al respecto de CAE y, en general, del trabajo de Anadie, realizado en algunas ocasiones por medio de excepciones y compras directas, así de cómo todo esto encaja dentro de lo permitido por la Constitución, la Ley del Patrimonio Cultural y la misma ley de la entidad público-privada. Lamentablemente, de todo esto se habla ahora como consecuencia directa de la excesiva discreción del trabajo previo, así como de las motivaciones y justificaciones de los proyectos. El país no puede aguantar nuevos motivos para decepciones populares. La idea de alianzas público privadas, repito, puede ser buena cuando todo el mundo tiene claras las causas debido a ser transparentes.