Dos hechos distintos ocurridos la semana pasada demuestran, a mi juicio, la validez de la defensa de la expresión del pensamiento como un elemento fundamental de toda sociedad cuyos integrantes aceptan la pluralidad de criterios como una base de indudable valor para el desarrollo de la democracia. Se debe señalar, por enésima vez, la necesidad de aceptar el derecho a expresar criterios distintos a los propios, así como el de criticarlos sin importar la manera como se hace. Y también no se puede olvidar la imposibilidad de justificar ni de defender la posición de la defensa de la verdad personal, individual, al identificarla con la Verdad —así, con mayúscula— considerada como un concepto no sólo posible, sino blindado contra cualquier otra idea.

El primer caso son las declaraciones del presidente Jimmy Morales al respecto de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala e Iván Velásquez. Fueron mal planteadas porque aunque en efecto él, como mandatario, tiene la potestad de pedir el retiro de dicho representante de la ONU, fue un contrasentido mencionar esa posibilidad haciendo una diferenciación inexistente: la de él como persona y como jefe del Organismo Ejecutivo. Las numerosas críticas hechas por esta causa están justificadas cuando, según la diferente perspectiva de los análisis, son consideradas convenientes o no, pero no tienen base ni son defendibles si parten del equivocado criterio de negarle el derecho a emitir su pensamiento. La ley constitucional respectiva lo protege.

Por su parte, el diputado Fernando Linares Beltranena agitó el cotarro político nacional con declaraciones causantes de molestia para muchas personas. No es tema de este artículo hacer un juicio de valor a este respecto, sino encajar lo dicho por el parlamentario dentro del esquema de la libertad de emisión del pensamiento, razón por la cual comparte con todos los ciudadanos el derecho de expresarse. En su caso, por ser miembro del parlamento goza de irresponsabilidad en sus expresiones y opiniones, con lo cual solamente queda como recurso a quien no las comparta o las rechace abiertamente, manifestar su molestia en cualquier forma por medio de utilizar el derecho compartido por esa ley. Él se expresó de una forma, sus críticos de otra.

Se ha mencionado la intención de solicitar un antejuicio contra el diputado Linares Beltranena. Quienes lo desean hacer están indignados —con razón o no— y por ello desean iniciar ese proceso dentro del parlamento, basados en casos de congresistas involucrados en actividades delictivas, contrarias a las leyes del país. Pero el acusado no ha cometido delito alguno, aunque en ocasiones haya hecho un uso muy inadecuado, a mi juicio, de un derecho constitucional garantizado a todo ciudadano, categoría no suspendida ni eliminada por el hecho de ocupar de manera temporal una curul dentro del Congreso. Una expresión puede ser lamentable, pero no por ello es punible. Por ello, las gestiones iniciadas en su contra no tienen posibilidades de llegar a ningún lado.

Según ese criterio, el presidente Jimmy Morales también debería ser sometido a un proceso de antejuicio, por una o varias de sus ya tradicionales equivocaciones o expresiones inconvenientes para él como persona y como cabeza del Organismo Ejecutivo. No tendría sentido, en realidad. Al referirme al tema de la expresión del pensamiento sin cortapisas, lo fundamental es entender las graves consecuencias de impedirla y sobre todo de justificarla porque no estamos de acuerdo. Ciertamente, el buen gusto, el respeto, la serenidad, la lógica, la propia conciencia de quién se es, así como el uso responsable de esa libertad deberían ser factores omnipresentes cuando se le utiliza. Pero cuando esto no ocurre, se debe evitar caer en la trampa de apoyar la censura de manera directa o indirecta.