Culminó la visita a Guatemala del Alto Comisionado (AC) de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein. Aunque su estadía en el país fue corta, tuvo oportunidad de reunirse con representantes de varios sectores —su agenda fue plural y diversa— y de visitar Sololá, donde fue recibido por pueblos indígenas.

En su declaración final, el AC hizo una radiografía de la situación de derechos humanos en el país, que refleja el enorme deterioro en el que vivimos, e identificó los temas centrales que deben ser atendidos y se refirió —como lo hizo su antecesora Navi Pillay— a la encrucijada en la que se encuentra Guatemala. Por un lado, la opción “de seguir adelante con las reformas necesarias para crear un Estado democrático, basado en el estado de Derecho y guiado por los principios de derechos humanos”, y por el otro “permanecer con un sistema injusto donde unas pocas personas se benefician a costa de la mayoría”.

Tomar la opción equivocada, señaló, “implica el riesgo de retroceder y de que la transformación iniciada por una sociedad civil —a la que calificó de impresionante y vibrante— quede paralizada”. Con precisión advirtió sobre la amenaza que se cierne sobre nosotros, si los sectores defensores del estatus quo logran detener el proceso de cambio que se ha iniciado. A lo que yo agregaría un peligro adicional: un retroceso implicaría un fin de ciclo que supondría la profundización de este sistema corrupto, excluyente, desigual y violento, que tiene un eje central en el racismo estructural.

Refiriéndose a la desigualdad, el AC describió dos guatemalas: “Para una pequeña minoría, un país moderno y funcional donde se concentra el poder económico y político” y para el resto de la población, “un país donde han enfrentado toda una vida de discriminación, marginación y los efectos perniciosos de la corrupción y la impunidad”. Con la tragedia ocurrida en el Hogar Virgen de la Asunción ejemplificó a esta última Guatemala y describió el impacto que le causó escuchar de la madre de una de las niñas que murió quemada que de las autoridades solo recibió “un ataúd para enterrar a su hija de 14 años”.

Sobre el tema de los proyectos extractivos y el derecho de consulta libre, previa e informada, que tanta polémica causa, y que ha generado innumerables presiones a las altas cortes, fue meridianamente claro: “Exhorto al Estado guatemalteco a cumplir con su obligación de garantizar que los pueblos indígenas sean plenamente consultados y puedan participar en cualquier decisión que les afecte”. Y se refirió explícitamente a ese proyecto de ley que está en el Congreso y que busca regular las consultas “que no está acorde con las normas internacionales de DDHH y no cuenta con el apoyo de las comunidades indígenas de Guatemala”. ¿Aló, diputados?

A propósito del peligro que representa para el país el debilitamiento de la independencia judicial, señaló su preocupación por las presiones indebidas, amenazas, campañas de difamación y acoso a juezas, jueces y magistrados que trabajan en casos de alto impacto. Además, alertó sobre la gravedad de la eventual elección de un fiscal general que no garantice la independencia del MP y, por lo tanto, retroceda en el combate de la impunidad del presente y el pasado.

Puso el dedo en nuestras llagas, y eso duele, y seguramente generará un reforzamiento del discurso ultranacionalista y patriotero. Lo cierto es que estamos en un punto de inflexión: o avanzamos y transformamos este sistema o enterramos por al menos otra década la posibilidad de cambio.

@MarielosMonzon