Se escamotea deducir responsabilidades por errores graves. En la mayoría de casos, no se sabe si corresponde a la incuria de los funcionarios públicos o son decisiones tomadas en los altos niveles del Ejecutivo.

El país se encuentra sin servicio de correos. La especulación es permitida. El correo fue externalizado de la acción gubernamental. A través de una concesión se le encargó a una empresa, Correo de Guatemala, que prestara el servicio. Cuando finalizó, no hubo continuidad en los servicios, salvo en los sueldos que se pagan en la Dirección General de Correos y Telégrafos. La existencia del correo en manos públicas garantiza un precio de referencia para el transporte de mensajes y objetos para la población. Al desaparecer, se entrega a la manipulación del mercado por parte de un pequeño número de empresas, el coste del transporte de cartas y objetos. Las personas que no alcanzan a pagar las tarifas, quedan fuera del intercambio.

Después de instalada la Terminal de Contenedores Quetzal, un tercero la compró de buena fe, para prestar un servicio necesario para mejorar los servicios portuarios. Una turba de fariseos se alzó contra la empresa exigiendo la expropiación, pues los anteriores propietarios, en complicidad con el expresidente y compañera, defraudaron al Estado en la adjudicación inicial. La procuradora General de la Nación asumió el cargo, garantizando que todos los bienes revertirían a propiedad pública.

No obstante, a mitad del proceso, la procuradora decide “negociar” con la adquiriente de buena fe, junto a un interventor nombrado por el juez de Extinción de Dominio, sugerido por la Fiscal General. Celebran un convenio totalmente inválido, pues está sujeto a un tercero: el Congreso de la República. Las partes pretenden obligar al Legislativo a que otorgue una concesión por 21 años, le fijan un monto por US$32.7 millones para el Estado y US$10.5 millones para que se reparta en Escuintla, con el consabido semillero de la corrupción. Todos quieren su tajada: el alcalde, por el permiso de construcción; la SAT, por conceder funciones de agencia de aduanas, hasta el Ejército, por la administración de puerto.

En todo ese procedimiento se atropella al Banco Mundial, que por medio de la Corporación Financiera Internacional invirtió US$44.7 millones en el proyecto. Se despojará al Banco Mundial de la inversión bajo pretexto de que fueron advertidos, un año después, de estar firme el negocio. Mientras tanto, en Colombia, Costa Rica y El Salvador, sendos proyectos similares avanzan sin obstáculos.

Nuevamente la procuradora General de la Nación decide atacar al Banco Mundial. Otra entidad ligada a esa institución, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, falló a favor de Iberdrola, española, y Teco, canadiense, por un asunto relacionado con las tarifas eléctricas. Esta vez, la procuradora propone dejar de pagar la condena al país por US$22.1 millones y las costas por US$7.5 millones; arguye que no entiende la sentencia.

En ciertas oficinas de un banco internacional se ofreció un proyecto para terminar la carretera de Cocales a la frontera de México, a los pedigüeños ni café les ofrecieron.

Hay quienes dicen que estos asuntos, así como las dificultades en el Renap por los DPI, en Finanzas por el papel sellado, etc. se deben a que opera una especie de “juntita” que se arroga las facultades del jecutivo. Hasta decretos contra la libertad de prensa y manifestación han elaborado. Señalan a cebras y cangrejos de integrar ese “gobierno en la sombra”, que sabotea el desarrollo nacional.

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