Todavía es prematuro pronosticar si los embates de la justicia contra las estructuras de corrupción podrán doblegar el ímpetu de las mafias, principalmente las que merodean los círculos de poder y sobre los millonarios recursos que se mueven en torno a la obra pública o son erogados para la adquisición de bienes y servicios por el Estado.

Si una buena parte de la decisión de continuar o ampliar esa cruzada contra la corrupción quedara en manos del juez Miguel Ángel Gálvez, sin ninguna duda se estremecerían muchas otras redes de saqueo que pululan a lo interno de instituciones cooptadas desde hace años por políticos y redes de financiamiento de mezquinos intereses.

En los últimos cinco días en los que el juzgador fundamentaba los argumentos para sus más recientes decisiones, hizo varias alusiones a casos que el Ministerio Público debería investigar, entre ellos esclarecer la participación de otros directivos del Registro Nacional de las Personas en el otorgamiento de contratos, como el de prestación de servicio de seguridad por varios millones.

El axioma de seguirle la pista al dinero para identificar redes mafiosas ha probado ser un buen método anticorrupción, pues han sido los gastos, depósitos y pagos los que ahora tienen en prisión a los otrora poderosos cuadros directivos patriotistas y que dejaron una profunda huella sobre sus numerosos abusos aún muy difíciles de comprender

Simplemente con seguir escarbando y analizando los numerosos contratos suscritos en otras carteras y dependencias saldrían a luz más allegados beneficiados con la obra pública, adquisiciones y plazas, que podrían representar nuevas facetas para el ya voluminoso, pero sin duda histórico, caso denominado Cooptación del Estado.

Casi en cada dependencia gubernamental se puede identificar con facilidad la colocación de figuras próximas al defenestrado binomio presidencial, con el muy probable propósito de ampliar la rapiña y baste para ello recordar entidades como el IGSS, el Registro General de la Propiedad y la Dirección de Aeronáutica Civil, en las cuales la corrupción ha sido endémica.

De hecho, mucho de lo documentado ya respecto de esas dependencias hizo que también el juez Gálvez debiera preguntarse en más de una ocasión las causas de las extrañamente frecuentes reuniones del actual contralor Carlos Mencos con Juan Carlos Monzón, alfil y enlace de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti con muchos de los señalados.

En todo caso, si las últimas administraciones de la Contraloría General de Cuentas hubieran hecho su papel a cabalidad, la impunidad no habría campeado a sus anchas.

Mencos, de hecho, puede ser parte de esa trama de oscuras negociaciones entre políticos, pues su cuestionada designación por segunda vez fue producto de un arreglo entre la más alta dirigencia de los patriotistas y el partido Líder, una organización que pagó el costo del contubernio, la arbitrariedad y la transigencia. Todo esto resulta ser un presagio para políticos y funcionarios que pretendan continuar haciendo del servicio civil un botín personal.