A lo sumo, 72 horas le quedan de labores ordinarias al Congreso para concluir el primer año de esta legislatura, y quizás si quedan algunos temas pendientes se hagan necesarias sesiones extraordinarias, aunque ya será estéril o hasta sospechoso que se lleven a cabo.

Lo que no se pudo hacer en el período reglamentario, con mucho tiempo desperdiciado, puede ser ocioso llevarlo a extremos, cuando esta ha sido una de las peores legislaturas que ha tenido Guatemala. Buena parte de ello se debe a la llegada de un elevado número de diputados con una trayectoria cargada de tachas.

Tan mal estuvo el Legislativo que, sin haberse cumplido un año, se registró el mayor acto de transfuguismo, cuando apenas se reformaba la Ley Electoral y de Partidos Políticos, un cambio que suspende esos movimientos solo durante tres años pero los deja en libertad del supuesto castigo a pocos meses de cada nueva elección, algo vergonzoso de la nueva normativa.

Ese solo hecho contribuyó también a configurar una confluencia de fuerzas diversas que llegaron a agruparse para torpedear proyectos o para elegir a una de las más impresentables juntas directivas de la historia, sin el más mínimo mérito para esperar cambios a partir del el 14 de enero.

Muchas leyes de trascendencia se quedaron en el camino y quizá nunca nazcan al ordenamiento jurídico nacional, como la ley de aguas o la de desarrollo rural, que llevan años de estar engavetadas, en una clara evidencia de por dónde avanzan los intereses de esta legislatura.

En cambio, el acomodamiento de voluntades ha contado con muchos interesados, como las reuniones en la Casa Presidencial y en la finca Santo Tomás, donde virtualmente se fraguó la elección de la próxima junta directiva y quizá se llegó a un consenso para llevar el presupuesto del 2017 a un nivel intolerable, porque se distancia mucho más de la meta de recaudación tributaria.

Hoy, los diputados podrían darse cita para supuestamente discutir las reformas constitucionales al sector justicia, pero se cree que esto solo sería un simulacro, pues las presiones de diversos sectores avanzan por la vía contraria a esa transformación, o en todo caso podrían hacerse enmiendas para cercenar las intenciones de fondo.

Ante ese panorama es que el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ha vuelto a advertir sobre la necesidad de contar con una ciudadanía activa para vigilar y acompañar al Congreso. Esto debe entenderse como abandonar la pasividad y no permitir que los diputados legislen a su sabor y antojo sobre normas trascendentales para los guatemaltecos.

Ciertamente, mientras la población mantenga esa actitud de parsimonia y sean pocos quienes alzan su voz de protesta contra un modelo desfasado, se corre el riesgo de ver una producción legislativa insuficiente para la modernización del país. Con el agravante de que esto todavía puede empeorar si se toma en cuenta que la nueva junta directiva podría convertirse en un mayor fiasco para Guatemala.