Buena parte de la problemática por la que atraviesa el país empieza por la inmoralidad, a lo cual se suma la falta de carácter y se complementa con el oportunismo de quienes acceden a cargos públicos y se marean a un ritmo vertiginoso, al punto de olvidar el origen de sus designaciones y la responsabilidad que llevan sobre sus hombros al ser depositarios de la confianza ciudadana y simples servidores públicos.

Esa situación se refleja en la mayoría de las instituciones, donde predomina un perverso liderazgo o un carácter pusilánime por parte de quienes tienen en sus manos representar a los ciudadanos y, en consecuencia, velar por sus intereses o cuando menos que no se abuse de quienes con el pago de sus impuestos sostienen a una burocracia que con demasiada frecuencia provoca desconfianza.

Esto se puede constatar en la mayoría de las instituciones públicas, pero donde más se ratifican el abuso, la prepotencia y la irresponsabilidad es en el Congreso de la República, donde no dejan de producirse hechos deplorables y actitudes repudiables en las que un puñado de aprovechados se alían para medrar con el erario, como si el dinero no proviniera de los bolsillos del pueblo.

En los últimos días se ha sabido de discusiones sobre el nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo para empleados del Congreso, el cual, lejos de regular la calidad de las labores, se centra en los numerosos beneficios económicos y prebendas para los oportunistas que se despachan con la cuchara grande a costillas de los contribuyentes.

El primero que debería ser categórico en rechazar toda clase de discusión en torno a cualquier incremento de salarios en esas condiciones es el actual presidente de ese organismo, quien como máxima autoridad debió haber dado a conocer los pormenores de las exigencias sindicales. Lejos de eso, ha ocultado los términos de la negociación, al igual que el resto de diputados.

Una de esas exigencias plantea un aumento salarial del 30 por ciento cada tres años, lo que no disimula el actual 10 por ciento anual que reciben. También buscan nuevas y adicionales reglas de inamovilidad y más días de descanso. Esto es un absurdo que solo puede caber en la mente de irresponsables dirigentes, quizá con el contubernio de quienes a la vez han alimentado un insano clientelismo difícil de sostener, pero que les reditúa falsas lealtades.

Por si fuera poco, las descabelladas pretensiones establecen que los aumentos deben ser sobre la suma de todos los ingresos y no del salario base, como lo señala la ley. A ello se agrega la creación de un bono escolar, indemnizaciones exorbitantes y otras exigencias que solamente pueden indicar que creen que el pueblo tolerará con indiferencia este nuevo abuso, o que simplemente buscan que continúe vigente el actual pacto colectivo que ya de por sí es lesivo.

Los diputados no pueden lavarse las manos de esta doble trampa y deben pronunciarse en contra de ambos adefesios legales, y si no consideran tener la suficiente entereza moral para defender los intereses de la mayoría, sí la deberían tener para hacerse a un lado, pero no seguir siendo parte de este vergonzoso teatro del cual la historia no los absolverá.