En nuestro medio es común estimular a las fuerzas laborales sindicalizadas por convenencia de las fuerzas políticas, para mantener el statu quo y así obviar cumplir con la responsabilidad que conllevan las funciones para las cuales fueron contratados, aunque esas personas libremente aceptaron el salario que se  asigna en el contrato laboral.

Por otro lado, vemos los trillados pactos laborales para esconder procesos de corrupción y que la fuerza política utiliza para mantener quietos a esos falsos defensores de las luchas sociales que son utilizados por los que gobiernan, sin medir las consecuencias de sus actos, que contribuyen a la destrucción del Estado.

Ejemplos claros de esa situación son las asignaciones de bonos y aumento salarial en el Organismo Legislativo, Organismo Judicial, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, Registro General de la Propiedad, entidades descentralizadas o Ejército de Guatemala, es último con el fin de beneficiar el jugoso salario del presidente de la República, decisiones arbitrarias que van en desmedro de los intereses de la Nación y que solo buscan quedar bien con funcionarios que tienen la gorda obligación de cumplir con sus funciones.

No se puede negar que los sueldos de los maestros dejan vacíos económicos para llenar las expectativas del costo de la canasta básica, lo cual permite pensar que merecen un salario más significativo, acorde al rendimiento y al tiempo que dedican a la labor educativa, por lo que sería bueno mejorarles el salario, eso sí, con la exigencia de que brinden más tiempo a la preparación académica de sus estudiantes, en aras de que se vea una mejora en la calidad educativa.

Si hacemos una cronología del desempeño de los docentes que trabajaron en la décadas de los sesentas hasta los ochentas, en ese entonces el calendario escolar consideró trabajar en jornada doble y el mediodía del sábado, implementando actividades académicas sobre áreas prácticas o retroalimentando procesos de aprendizaje, y por la noche se demandaba que se dedicaran a la tarea de alfabetizar, a fin de minimizar los indicadores alarmantes de analfabetismo, además de que debían hacer trabajo de desarrollo comunitario, devengando un salario de Q85 al mes.

En ese entonces no se contaba con distractores que interrumpieran los días de trabajo calendario, que superaban los 180 días y horas efectivas de docencia, lo que acrtualmente ese gremio celebra cumplir como algo extraordinario, cuando en realidd debe ser una obligación.

Estos docentes que aún sobreviven y reciben una jubilación del Estado tienen una compensación mínima que es momento de mejorar, por principio humano y social, a fin de que mejoren sus condiciones de vida, por lo que les asiste el derecho de demandar mejoras a sus pensiones que hoy pueden servirles para paliar las dolencias naturales de la edad, aumento que el Estado debe considerar como premio a ese aporte dado en su momento a la educación de muchas generaciones.

No hay que olvidar que se debe mejorar este estipendio a este grupo de ciudadanos que se han ganado la admiración, sin tener un aumento significativo y ser beneficiados con los bonos que se han puesto de moda. Ese aumento puede darse a cambio de que aporten conocimientos que da la experiencia, organizando círculos de asesorías en casa a instituciones educativas, utilizando la tecnología virtual, si se quiere justificar los recursos asignados. ¡Es hora de hacerlo!

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