Ha vuelto a la palestra el tema de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), luego de que ayer la compañía holandesa APM Terminals, del Grupo Maersk, aceptó la sugerencia del interventor del puerto para que, en muestra de buena voluntad, dicha empresa aceptara pagar una indemnización para continuar operando la terminal de contenedores construida por la firma española TCB, que otorgó 30 millones de dólares de sobornos a Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y otros exfuncionarios, así como a extranjeros.

No fue especificado el monto de la indemnización, que había sido sugerida en 43.2 millones de dólares por el interventor Alexánder Aizenstadt, pero aun así el hecho resulta muy importante porque por un lado se protegen los legítimos intereses del Estado guatemalteco y por el otro la empresa propietaria actual hace suya la responsabilidad de lo actuado por la compañía española que le vendió TCQ en marzo de este año.

Susana Marston, vicepresidenta de Maersk, tampoco se refirió a que el contrato de concesión para APM fuera a ser anulado y firmado uno diferente al actual, que abarca 25 años a partir de abril del 2012. El nuevo instrumento contractual necesita la aprobación del Congreso, luego de que se llegue a un acuerdo con el objeto de comenzar operaciones, cuya maquinaria es de una modernidad innegable y que pone a Guatemala en una posición competitiva dentro de los puertos centroamericanos.

Aún faltan conocerse los términos de la propuesta, pero es interesante que APM tenga claro que el hecho de aceptar el pago de una indemnización no necesariamente significa que haya participado en las acciones ilícitas, cometidas hace cuatro años por los anteriores propietarios. Esto implica la aceptación de la responsabilidad moral, lo que resulta ser un precedente de gran utilidad para Guatemala en caso se presenten situaciones similares en otros contratos cuyas condiciones afectan los intereses nacionales.

Es conveniente señalar que el interventor actuó con la idea de sugerir una manera de salir de un atolladero legal, que podría haberse provocado si la compañía holandesa se hubiera decidido por la vía de arbitrajes internacionales, cuya duración es impredecible. La situación patrimonial es compleja porque muchos de los activos, como las grúas, se encuentran en fideicomisos a favor de los bancos que financiaron la construcción de la terminal de contenedores. Los ingresos por funcionamiento servirán por buen tiempo para comenzar a amortizar las deudas que se contrajeron y ninguna de esas sumas sería para el Gobierno.

Lo anunciado ayer debe ser considerado el primero de una serie de casos en los que es indispensable revisar contratos para analizar sus condiciones. Nadie puede negar los beneficios de este tipo de acuerdos, sobre todo en momentos en que la economía nacional se encuentra pasando por una situación difícil.

Vale la pena reiterar que es correcta la base de la decisión de TCQ. Solo falta emularla en otros casos en los que los intereses nacionales han sido vulnerados y además recurrir a sugerencias basadas en la lógica y la buena voluntad de los participantes.