El viernes pasado comenzó una burda campaña de desprestigio contra Prensa Libre, parte de una conspiración que orquestan gente que por el momento es procesada, por delitos contra la ley electoral y de partidos políticos, descubiertos por las investigaciones del Ministerio Público y la CICIG. Nos atacan grupos cuya existencia empresarial ya está en tela de duda luego de haber participado en lo que las autoridades afirman ser un delito, unido a añejas prácticas de manipulación informativa en convivencia con claros intereses nefastos.

No nos preocupa que estos sectores oscuros y auto identificados hablen mal de Prensa Libre. Grave, vergonzoso, lamentable, sería si nos ensalzaran o pretendieran hacer creer a la opinión pública que compartimos calidades morales, éticas o profesionales. Eso no es así, como lo demuestran la historia de casi 65 años y también los hechos recientes.

Este diario no participa activa ni solapadamente en política, una condición establecida sabiamente por sus fundadores y mantenida por los descendientes encargados de dirigir su rumbo. Su trabajo informativo y editorial no es parte de estrategia ni de los negocios sucios de gobiernos ni de sus cómplices. No se ha plegado para engañar a la población. Ninguno de sus integrantes ha entrado en contubernios para candidaturas caracterizadas por el manipuleo. Su trabajo ha sido, dentro de lo humana y profesionalmente posible, un ejercicio apegado al derecho a informar y opinar con libertad, pensando siempre en los intereses tanto de sus lectores como del país.

Es obvio: por ese esfuerzo de ser independiente, su trabajo ha ganado variadas animadversiones. Serrano, Portillo, Arzú, Berger y Colom, hicieron presiones en su momento, sin éxito. A Pérez Molina debimos exigirle editorialmente terminar sus llamadas personales de reproche. Décadas antes, la guerrilla secuestró a dos de los fundadores y otro pagó con su vida el derecho a opinar y disentir a lo que los insurgentes hacían al país. Dos veces la redacción sufrió bombas terroristas. Un líder sindical fue secuestrado y desaparecido.

Este periódico no se coloca en un indebido protagonismo, pues comprende que su papel es servir, no servirse del país. No tiene fines partidistas ni hay aspiraciones personales ni corporativas en el campo político. Los periodistas fundadores, con su esfuerzo, integraron una institución y quienes la conducen ahora también rigen sus acciones dentro del marco legal, y sobre todo con la meta cotidiana de servir a los intereses de los guatemaltecos.

Ante la crisis del país y los intentos del MP y la CICIG de combatir a quienes violan la ley, Prensa Libre debe seguir dando a conocer los hechos, no censurarlos u ocultarlos, en beneficio de quienes fueron descubiertos en su larga violación a la ley. Tampoco silenciar a quienes ejercen el derecho de opinión, que ellos ni siquiera permiten. Por la torpeza, hasta políticos cuestionables se han apresurado en abandonar un barco que por años los ha cobijado. Comercialmente, corren riesgo de perder clientes internacionales que por serlo no pueden trabajar con quienes actúan en forma que es ilegal en sus países. Todo eso explica la evidente desesperación, y ayuda a que los guatemaltecos compartan con nosotros que ese ataque es una distinción, un reconocimiento a nuestra tarea.