Jonathan Emanuel García fue asesinado en la cárcel El Boquerón, el 20 de septiembre pasado. Estaba preso por error de la Policía. Llevaba 10 días encerrado. Todo comenzó cuando fue detenido el 9 de septiembre. Los agentes buscaban —o creyeron encontrar— a una persona sindicada de negar asistencia económica a su esposa o exesposa.

Jonathan Emanuel, de 21 años, vendía huevos en Antigua Guatemala. Al momento de su detención, la familia le hizo ver a la Policía que tenía que tratarse de un error, pues él tenía esposa, un hijo, no tenía demandas y el número de documento de identificación personal no coincidía con el de la persona buscada. Los policías, de todas formas, se lo llevaron. Lo metieron al Boquerón. Fue hasta 10 días después que Jonathan Emanuel tuvo audiencia con el juez de Primera Instancia Penal de Santa Rosa, Fernando Toscano, quien, según la nota publicada en este diario, cuando comprobó que se trataba de un homónimo, ordenó su libertad.

Dicha orden no fue ejecutada de inmediato. El vocero del SP, Rudy Esquivel, dijo que “las órdenes de salida se reciben a las 18 horas”. Lo extraño es que hasta pasada la media noche los guardias se percataron de lo sucedido. Es decir, más de seis horas después de la hora que tenía que haber salido. Mientras lo asesinaban adentro, su familia lo esperaba afuera de la cárcel. Como vieron que demoraba, preguntaron por él, pero no obtuvieron respuesta sino hasta la mañana del día siguiente.

El vocero dijo que el cuerpo fue encontrado en el “sector de los Paisas”. Según se ve, los sectores no son “para” presos sino “de” los presos. Ya es normal y oficial verlo de esa manera. El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, definió, en una oportunidad, a los Paisas como un grupo criminal de extorsionistas.

Aquel error es abuso de la Policía, falta de celeridad en el sistema de justicia, desprecio por la vida, cotidianidad criminal, parte del paisaje, rutina, trámite judicial, ineficacia del MP al no exigir una pronta búsqueda de justicia o del juez por dar audiencia 10 días después a un inocente. Se suma el miedo de los familiares, quienes al dar declaraciones han preferido “no identificarse, por temor a represalias”. Es decir que luego de tragarse la injusticia molida en chaye; con el sufrimiento de por vida al saber que a su familiar lo encontraron envuelto en una sábana, amarrado y acuchillado; con esa manera simplista oficial de reducir los hechos a un error; después de toda esa brutalidad, las víctimas familiares tienen que ocultarse porque podrían sufrir más.

Hace poco, los diputados de la Comisión de Derechos Humanos citaron al relator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y a representantes del Sistema Penitenciario. No se crea que los citaron por el asesinato de este joven de 21 años, injustamente recluido en el Boquerón, centro carcelario con capacidad para 80 privados de libertad que tiene, por lo menos, 570. No fue para analizar ese subsuelo dantesco, sino para evaluar cómo la están pasando en la cárcel de Mariscal Zavala los altos exfuncionarios y los empresarios sindicados por casos como La Línea, Negociantes de Salud, Cooptación del Estado, Botín Registro de la Propiedad y otros graves crímenes en contra del país. Todos esos sindicados no están allí porque la Policía haya equivocado sus DPI. Los diputados de esa “Comisión de Derechos Humanos” atienden la queja de los reos VIP, pues estos alegan que les modificaron las horas de visita. Nada qué agregar.

@juanlemus9