Varias son las lecciones del vil asesinato de la joven indígena guatemalteca Claudia Patricia Gómez González, perpetrado en Laredo, Texas, por un agente de la patrulla fronteriza estadounidense. Pueden reducirse a dos: una, que los agentes disparan a matar a gente desarmada; otra, que la insistente retórica de Donald Trump contra los indocumentados se ha manifestado esta vez de manera directa contra una joven guatemalteca, lo que obliga a que esa realidad sea explicada de manera categórica, a fin de que lo tengan claro quienes intentan emprender el viaje a Estados Unidos en busca de una vida mejor, negada en su país de origen.

Los agentes policiales estadounidenses, en demasiados casos, disparan a matar, sabedores que son muy pocas las posibilidades de una sanción, sobre todo cuando las víctimas son parte de las minorías. En este caso, todo parece indicar que la joven recibió un balazo en la cabeza, hecho que no da lugar a dudas sobre las intenciones del patrullero.

No debe causar extrañeza la reacción de protesta de varias organizaciones relacionadas con el tema de la migración. Desde el asesinato, ocurrido el miércoles, ha habido situaciones extrañas, como el cambio de la versión oficial, según lo reportó CNN. Se afirma que la joven se abalanzó contra el agente, pero basta pensar pocos segundos para entender la desproporción de fuerza entre un agente de la ley y una muchachita cuyo peso no superaba 120 libras y que probablemente se encontraba con pocas energías, tras un recorrido infrahumano. El caso es tan indignante, que incluso el New York Times publicó la foto —también publicada por este periódico— de la señora Dominga Vicente, tía de la asesinada, mostrando compungida y estoica una foto de ella donde se evidencia con claridad sus dimensiones físicas mínimas.

Es notorio que ese periódico neoyorquino califique el hecho como un asesinato. Esa misma semana, publicó la noticia de las críticas muy fuertes lanzadas contra Francisco Cantú, un exintegrante de origen “latino” de la patrulla, quien escribió un libro en el cual describe los frecuentes maltratos contra los indocumentados, lo que incluye racismo, y también se refiere a los efectos en la psicología de los agentes a causa de su trabajo en la zona fronteriza.

En este asunto de nuevo queda clara la incapacidad de las autoridades guatemaltecas, en especial de la canciller, quien solamente se limitó a dar una nota de protesta. El Ejecutivo debe actuar de manera enérgica, o al menos utilizar la supuesta cercanía con el presidente Trump para solicitarle que no se dispare a matar contra los inmigrantes, además porque su protección fue adquirida como un compromiso por el actual gobernante cuando visitó a varios de ellos durante la campaña política.

La protesta del Gobierno guatemalteco debe estar orientada a buscar que ese crimen no quede impune y que las autoridades estadounidenses accionen contra el asesino, que lo es porque en el momento de disparar quería acabar con la vida de su víctima, para superar la generalizada percepción de que los migrantes están no solo en el abandono, sino que nadie vela por derechos vitales.