El diputado Álvaro Velásquez se despachó con una idea de esas que hay que comentar ahora para evitar quejarnos después. Plantea incrementar impuestos a las bebidas alcohólicas y con parte de lo recaudado atender la prevención y recuperación de pacientes. El hecho de que sea “parte” —y no todo— invita a la desconfianza. Seguro, como suele ocurrir, la porción menor quedará para las buenas intenciones y el resto, a criterio de los honorables y sus despilfarros.

La propuesta castiga a quienes responsablemente toman cerveza o licor. Los otros, los irresponsables, los que deciden libre y voluntariamente beber, son los beneficiados, porque según el diputado, “el Estado tiene que atenderlos”, en esa misión terrenal de cuidar a colectivos desamparados. De seguir esa lógica, deben subir impuestos al chocolate, a las revistas de sexo, a las máquinas de juego, al café, a las comidas que consideren “nocivas”, a los zapatos, a la ropa, a todo aquello que pueda crear una adicción. Es decir: a todo. ¿O se limitarán a las adicciones que ocurrentes políticos determinen en su infinita sabiduría o antojo del momento?

Propongo al señor Velásquez, y a quienes apoyen esa idea, algunas reflexiones. La principal es determinar si quieren promover la responsabilidad o el asistencialismo. Si es lo primero hay que aclarar que cada quien debe asumir las consecuencias de sus actos libres. El consumo de alcohol, como otras cosas, es totalmente voluntario. Nadie es presionado para enviciarse. Ciertos envases, además, advierten de que el producto es peligroso y puede dañar la salud. Ahora si pretenden promover el asistencialismo estatal, sigan con su contumaz propuesta y continúen con otras similares. Promoverán personas incapaces de conducirse por sí mismas y sujetas a redención estatal, pagada, como siempre, por ciudadanos subsidiarios, mediante un trasvase de recursos que premia la irresponsabilidad.

Las lecciones aprendidas desde que la droga se declarará ilegal parecieran no haber servido para mucho; tampoco la prohibición del consumo de alcohol en los años 20. Prohibir o incrementar precios no reduce el consumo. ¡Eso es mentira! Lo que hace es fomentar el mercado informal, el contrabando o la oferta alternativa de sustancias de menor calidad. Estudios sobran al respecto; experiencias lamentables también, como la del licor “El Machetero” —de fabricación mejicana e importado de contrabando— que destruyó toda una comunidad en Huehuetenango. Diputado Velásquez, lea historia sobre las consecuencias de La Prohibición en USA, pida información o guglee el tema, descubrirá suficiente literatura al respecto. De momento, la denominada Curva de Laffer —aplicada a la discusión— puede ilustrarle.

Por si no fuera suficiente, hay otro punto: el económico. El tipo de cambio entre el peso mexicano y el dólar estadounidense es 20 a 1, así que al incrementar en Guatemala el impuesto, y por lo tanto el costo de las bebidas alcohólicas, estará fomentando el contrabando. De ese modo, terminaremos consumiendo cervezas y licores del país vecino y entonces se les ocurrirían otras leyes para favorecer los productos nacionales o detener el tráfico ilícito de mercadería. En conclusión: cerrarán el círculo vicioso de la falta de comprensión del problema.

Permita producir libremente y que cada quien consuma lo que considere oportuno. Déjenos ser libres y responsables. Huya de la enfermedad política de tutelarnos constantemente y busque un quehacer más productivo, como supervisar a sus pares en el Congreso, que falta hace, o escribir otro libro. Dicho lo anterior, solo me cabe una exclamación: ¡Ya pago su salario, así que no encarezca mi ceviche dominical con sus ocurrencias intervencionista!, sea usted tan fino!