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Congreso amenaza la institucionalidad

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Tenía que ser el diputado Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional, una vez más, quien busca llevar oxígeno al Pacto de Corruptos, al proponer la modificación en favor de la impunidad de la Ley de Antejuicios, con el objetivo de arrebatarle poder a la Corte Suprema de Justicia y convertir a los diputados en jueces y parte de cualquier proceso contra funcionarios.

La iniciativa que se empezó a discutir ayer en el hemiciclo pretende eliminar de un plumazo cualquier posibilidad de control que no esté en manos del Congreso en la fundamental materia de los antejuicios, lo cual es una nueva aberración de uno de los diputados más impresentables de esta legislatura. Por suerte, ayer fracasó ese primer intento porque el quórum se rompió cuando apenas iniciaba la discusión.

Se ha dicho hasta la saciedad que este Congreso ya debe abstenerse de continuar emitiendo leyes en beneficio de los corruptos y mucho menos que sus impresentables integrantes busquen erigirse en un poder supremo que anule la función fundamental de jueces y magistrados, con el único y malsano propósito de proteger a quienes han abusado del poder, de la política y de los cargos.

Es muy grave lo que propone Linares, como para dar trámite a una propuesta que amenaza con descalabrar la poca institucionalidad que le queda a este país. Lo más grave es que estos diputados, que se quieren pasar de vivos, cuentan con la complicidad de un grupúsculo de gente que mezcla inmoralidad con total ignorancia.

Son tan obtusas las mentes en el Congreso, que están buscando a toda costa impulsar leyes que favorezcan a quienes están en conflicto con la ley, pues este es un nuevo intento sobre una norma que se buscó aprobar en septiembre de 2017, tras el fracaso más sonoro que ha tenido el Pacto de Corruptos, aunque las absurdas intentonas continúan.

Dos de los más beneficiados con este tipo de cambios serían el presidente Jimmy Morales, el alcalde Álvaro Arzú y quienes deben responder por el manejo de recursos en las elecciones del 2015, como también es el caso de Orlando Blanco y Roberto Villate, que están sindicados de haber manejado recursos oscuros en ese proceso electoral.

Con estas actitudes el Congreso pide a gritos que se reactiven las protestas de los ciudadanos contra una clase política desvergonzada y descarada como para buscar beneficiarse no solo con la aprobación de leyes que les favorezcan, sino inmiscuyéndose en terrenos de otros poderes del Estado que deben conservar su independencia, la cual, por cierto, han defendido con muy poco carácter y más bien con actitudes serviles hacia quienes no se cansan de mostrar su estulticia.

No se debe permitir que la actual legislatura lleve adelante este aberrante proyecto que amenaza con convertir al Congreso en un peligroso eje de poder para el mal, pues de lograr su propósito no solo vulneraría el ámbito de la Corte Suprema de Justicia, sino estaría en riesgo el desempeño de los magistrados del Organismo Judicial, del Tribunal Supremo Electoral, el titular del Ministerio Público y el procurador de los Derechos Humanos, quienes quedarían a merced de una gavilla de legisladores desesperados por ampliar el manto de impunidad.