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Congreso incurre en nueva afrenta al pueblo

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Vergonzosa, indignante y repudiable pueden ser adjetivos que se quedan cortos para calificar la acción de los 115 diputados que el pasado jueves aprobaron un decreto mediante el cual pretenden autolegalizarse el pago de bono 14, aguinaldo y una supuesta indemnización, no en referencia a su salario base, sino a todos los ingresos que tengan en el Congreso, incluyendo dietas y extras.

El proyecto en sí, como toda güizachada, está condenado al fracaso y debe ser impugnado por su abierta ilegalidad, pues lo primero que choca contra la ley es el carácter casuístico de los diputados, al pretender legislar exclusivamente en su propio beneficio y a costa del erario.

La ilegalidad, ya señalada por la Contraloría, se acentúa con la intentona de buscar beneficios exorbitantes, pues dichas bonificaciones estarían muy por encima de sus ingresos, los cuales se incrementan en la medida que actúan sin escrúpulos y virtualmente saquean las cajas chicas o reciben gastos de representación que ahora supuestamente pasarían a formar parte de su aguinaldo o bono 14, beneficios que, por cierto, no recibe toda la ciudadanía, debido a las altas tasas de empleo informal.

Los diputados que firmaron este decreto, entre quienes figuran oficialistas y supuestos opositores, tienen el descaro de justificar su maniobra leguleya con el argumento de que se trata de un beneficio adquirido, lo cual no es así, ya que ellos se postularon y fueron electos para una representación.

Estos congresistas deben entender que no fueron contratados para ocupar esos cargos y que su función es servir al pueblo y no servirse de él; su llegada mediante farsas partidistas y listas abiertas al mejor postor simplemente reflejan el bochorno en que han convertido el sistema político del país, el mismo que se negaron a transformar mediante reformas profundas y solo se limitaron a trastocar a su antojo.

Si algo de positivo pudiera surgir de esta barrabasada es que se sabe por nombre y partido quiénes son los diputados que apoyaron ese proyecto.

Ciertamente, de los tránsfugas y los oficialistas se puede esperar cualquier cosa, pero en esta colada caen incluso algunos que se dan baños de pureza y que callaron, aunque en poco tiempo estarán buscando colocarse de nuevo en una lista de elección, con las consiguientes visitas a sus distritos, de donde parecen haber olvidado los grandes problemas y el abultado porcentaje de población sumida en la miseria, lo cual no hace sino más vergonzoso su proceder.

La otra pretensión que refuerza el repudio hacia este nuevo decreto es el intento de recetarse una indemnización, que bajo los actuales ilegales términos sería exagerada y podría costar a los guatemaltecos cientos de millones de quetzales, si se permite que este abuso legislativo se materialice.

Aquellos congresistas que se hayan opuesto o simplemente no hayan votado a favor de este abuso tampoco están exentos de culpa, al menos no hasta que interpongan recursos legales y declaren por todos los medios posibles la inviabilidad de ese contubernio perverso. De lo contrario, también pasarán a engrosar las filas de la afrenta histórica contra el noble pueblo de Guatemala, que ya no tolera más abusos de poder.