Sin que la intención fuera extenderle una mano en señal de ayuda al presidente Jimmy Morales, 67 diputados lo hicieron ayer al rechazar la aprobación del acuerdo gubernativo que declaraba como estado de Calamidad la urgente tarea de bachear las principales carreteras del país, una ocurrencia lamentable y absurda.

Cada vez se hace más patente que el escaso criterio y el desconocimiento del mandatario lo hacen incurrir en exabruptos difíciles de comprender, porque hay mucha ingenuidad, aunque se fundamenten en buenas intenciones. También se percibe que detrás del mandatario hay personas con malas intenciones, cuyo principal objetivo es favorecer a grupos oscuros que hacen temer la presencia de gente relacionada directa o indirectamente con la construcción.

Bajo un virtual Estado de facto, sin más ley que la que el mandatario y sus asesores dispusieran, se pretendía implementar un programa masivo de bacheo, que puede hacerse sin mayores aspavientos y para lo cual solo se requiere voluntad, entereza y convicción de lo que se desea hacer, pero de manera transparente y no bajo estados de Excepción que todo lo hacen escurridizo.

Esta nueva intentona de la administración actual pretendía burlar incluso una norma de rango constitucional, como es la Ley de Orden Público, con un acuerdo de menor jerarquía, con la intención de hacer compras y contrataciones a dedo, con el único trámite de la decisión de quienes tendrían la potestad de tomarla.

La implementación y aplicación de la Ley de Compras y Contrataciones ha llevado un largo proceso, porque precisamente las mafias gubernamentales han buscado jugarle la vuelta a las normas para continuar el saqueo de los recursos públicos. Esto se acaba de demostrar con la captura y acusación de empresarios y funcionarios vinculados con la construcción de mala calidad de muchas de las carreteras más importantes del país.

Esta situación muestra que poco se ha avanzado como para que venga ahora un gobierno de novatos con mayor descaro que los políticos tradicionales a pretender imponer su propio criterio para gastar millones de quetzales, con el atrevimiento adicional de marginar leyes existentes, actualizadas justamente para evitar el latrocinio.

El presidente Morales se encuentra en un período de su mandato en el que ya debería dar señales convincentes de que su gobierno puede ser diferente al de sus antecesores, pero no lo logrará si sigue empecinado en buscar irrespetar las leyes o, peor aún, hacer de lado la legislación para incurrir en gastos millonarios con una cuentadancia que solo él y su rosca se creen, porque el resto de la población exige y merece cuentas claras y efectividad.

Este fracaso debería ser una advertencia para el mandatario, pues la segunda intención anunciada el pasado lunes era una reforma a la Ley de Compras del Estado, lo cual debe ser abortado de inmediato si la intención es facilitarse las tareas, abriéndole las puertas al nuevo grupo de corruptos que parece estar detrás de sus lamentables decisiones, las cuales en nada apuntan a un cambio en la gestión gubernamental y sepultan el lema de campaña del hoy partido oficial.