La Corte de Constitucionalidad (CC) ha vuelto a estremecer los cimientos del poder político al amparar a Acción Ciudadana y ordenarle al Congreso que se abstenga de continuar con cualquier agenda que no sea la de encauzar la elección de una nueva junta directiva para ese organismo, ante el bochorno causado por la diputada tránsfuga Alejandra Carrillo, quien incurrió en ilegalidad.

Se trata de un duro correctivo para las ansias del grupo ganador que no atendió reclamos ni llamados a integrar una directiva menos impresentable, sobre todo una en la que no incluyeran a diputados firmantes del Pacto de Corruptos, porque claramente nadie de ese grupo podría gozar de la confianza de la ciudadanía y porque Guatemala libra una de las más decisivas batallas en contra de la corrupción y la impunidad.

Además de no atender tal clamor, se incurrió en serias irregularidades y al menos cuatro diputados estuvieron bajo sospecha de haber sido responsables de esa debacle, precisamente por ser tránsfugas; es decir, traidores a los votantes, y de que han velado más por sus intereses que por los de sus electores, y por eso han exagerado el descaro en el cambio de camisola política.

Esta resolución también permite vislumbrar una enmienda al transfuguismo, el cual podría empezar a ser castigado y arrinconado, como una dura lección para quienes incurren en ese bochorno y que a partir de ello deberá ser tomado en cuenta para futuras decisiones.

Ahora el castigo se le aplicó a la aplanadora oficialista y a las bancadas nutridas de tránsfugas que han encontrado en el actual gobierno un alero para defender intereses politiqueros, muy alejados del bienestar general y, mucho más delicado, hasta extremos de buscar aprobar cambios a la legislación nacional en beneficio de la delincuencia común y la de cuello blanco.

Esta resolución abre el camino para que los siguientes pasos en el Congreso se den con mayor cuidado, como es la integración de comisiones de trabajo, las cuales también tienen que entender que no las deben componer o mucho menos presidir aquellos tránsfugas imposibilitados de hacerlo, precisamente por las implicaciones de la resolución emitida por la CC.

Sin embargo, quizá lo más importante es que las fuerzas aliadas al oficialismo deberían tomar nota de esta pausa obligatoria para meditar y atender la petición de diversos sectores de buscar la conformación de una nueva junta directiva más viable y más integradora del anhelo ciudadano por restarle espacio al abuso de poder.

El desprestigio se acrecienta sobre las caras más visibles del esfuerzo oficialista para que nada cambie, y de persistir en esos empeños las críticas y las acciones legales no cesarán, porque tampoco se debe permitir el descaro y el abuso de quienes persisten en mantener un sistema colapsado.

Persistir en obcecados despropósitos solo redundará en mayor descrédito para las fuerzas que se han agrupado en torno a un proyecto inviable, aunque también la tozudez de los grupos hegemónicos podría terminar fortaleciendo a las bancadas minoritarias, las cuales podrían hacer más complicado un triunfo del oficialismo.