En un país, cuyas más representativas instituciones están infiltradas por todo tipo de criminales, pero esencialmente por quienes han hecho de la corrupción uno de los más rentables negocios, es preocupante que se deba cumplir el absurdo requerimiento de poner en línea todas las órdenes de captura, entre ellas las de casos de alto impacto.

Ayer, durante un operativo del Ministerio Público, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y agentes de la Policía Nacional Civil, los allanamientos y capturas se vieron frustrados porque los sindicados fueron alertados y se dieron a la fuga.

Más vergonzoso resultó que al menos en uno de los lugares a los que acudieron las autoridades encontraron a los abogados de los señalados, como si esa no fuera la más contundente evidencia del tiempo que estos tuvieron no solo para escapar, sino para alertar a sus defensores darles la oportunidad para presentarse sin el menor rubor en representación de quienes evadieron a la justicia.

En un entorno bajo el predominio de una extendida criminalidad, la medida adoptada por los magistrados de la Cámara Penal, entre quienes se encuentra uno de los máximos aspirantes a sustituir a Thelma Aldana al frente del MP, es a todas luces contraproducente y debe ser corregida de manera inmediata, mientras se lleva a cabo una profunda investigación para dar con los responsables de este vergonzoso acto.

Por más que los promotores de la medida argumenten que fue consensuada, esto no debería ser excusa para revisar tal disposición, porque siendo las órdenes de captura información comercialmente invaluable, esta no debería estar a cargo de cualquier persona, mucho menos convertirse en un mecanismo rutinario desprovisto de la discrecionalidad que deberían asumir quienes son responsables del manejo de esos datos.

El magistrado Arnulfo Rafael Rojas, quien aspira a dirigir el MP, es uno de los firmantes de la medida que permitió la fuga de tres personas involucradas en denuncias de compra fraudulenta de ambulancias para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y ahora queda mal parado con esta acción tan chusca, porque él sabe perfectamente cómo funciona el crimen en Guatemala, y en un medio con esas características, los máximos esfuerzos deberían estar orientados a no poner en manos de criminales herramientas que vulneren la institucionalidad.

Tanto el Organismo Judicial como el Ministerio de Gobernación, sin descartar al MP, han sido instituciones tradicionalmente porosas ante el crimen, y ahora deben unir esfuerzos para esclarecer esa fuga de información y castigar con severidad a quienes ahora son responsables de haber facilitado datos que permitieron que ahora estén prófugos Henry Madrid, Carlos González y Juan Carlos Hernández, señalados por la adquisición de ambulancias sobrevaloradas para el Seguro Social.

Innovaciones como las que permitieron burlar a la justicia podrían funcionar en medios menos infiltrados por el crimen y la corrupción. Por ello se debe también hacer una exhaustiva revisión de cada caso, para salir de la automatización de procesos que requieren discrecionalidad y discernimiento para evadir el acecho de las mafias.