Resulta difícil de explicar la estabilidad que Guatemala mantiene en muchos de sus aspectos macroeconómicos, pues sigue siendo una de las economías con menos vaivenes de Latinoamérica, pese a tener problemas tan serios como la corrupción y la espiral de delincuencia.

Así como la corrupción produce enormes daños a millones de guatemaltecos, también lo hace la inseguridad, y ser uno de los países más violentos del mundo se traduce en enormes costos para cada ciudadano, quienes encaran ese flagelo según se lo permitan las circunstancias.

Sobre los altos niveles de corrupción imperantes en la gestión pública, han sido prolijas las informaciones y los comentarios sobre la irresponsabilidad con la que han sido administradas las diversas instituciones durante las últimas décadas, principalmente a partir de la instauración de la democracia en 1986, pero poco se dice sobre los devastadores efectos que tienen sobre los habitantes los altos índices de criminalidad.

Hacia finales de la semana anterior se dio a conocer un informe patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo: Los costos del crimen y de la violencia, un detallado estudio que aborda aspectos que complican las posibilidades de desarrollo para varias naciones latinoamericanas.

Uno de los hallazgos más relevantes por sus implicaciones económicas, además de su impacto en la vida cotidiana de millones de personas, es que los países del Triángulo Norte tienen los costos más elevados para sus habitantes en términos monetarios, seguidos por algunas naciones caribeñas.

El dato más demoledor del estudio registra que a nuestros vecinos El Salvador y Honduras podría representarles alrededor del 6 por ciento de su producto interno bruto (PIB) lidiar con el crimen y la inseguridad, mientras que para Guatemala esa cifra podría ser del 3 por ciento.

Por ejemplo, para el mencionado informe la Policía Nacional Civil de Guatemala reportó que el 90 por ciento de sus operaciones se relacionan con la prevención del delito y la represión. Esto se comprende mejor cuando se atiende el constante accionar de los agentes para atender las distintas emergencias cotidianas, muchas de las cuales requieren de por lo menos la participación de cuatro efectivos policiales y un vehículo.

Otro ejemplo del enorme costo que el crimen y la inseguridad representan para estos países gira en torno al encarcelamiento, cuyo impacto económico ha sido poco atendido pero representa para El Salvador un 0.4 por ciento del PIB, y para Guatemala, un 0.07 por ciento, debido al mantenimiento de empleados y comida que se debe proveer a quienes quedan imposibilitados de producir.

Solo la inseguridad citadina ha alterado la economía de millones de hogares y ha obligado a la población a protegerse, de nuevo según sus posibilidades, del acoso de delincuentes callejeros y extorsionadores. También se registra el surgimiento de nuevos hechos criminales, como la violencia contra la mujer y el cibercrimen, sobre los cuales todavía en nuestro medio hay poca información.

Resulta más que devastador constatar que corruptos, raterismo y crimen organizado ocasionan el mayor daño a millones de guatemaltecos.